Oscar Alcaide

Uno de los principales retos de cualquier Ejecutivo, independientemente de su color político, es la coordinación con las administraciones autonómicas y locales. El último ejemplo de lo importante que resulta este aspecto lo tenemos en la política de vivienda desarrollada por la actual ministra Maria Antonia Trujillo. Suyos son los cimientos sobre los que se construyen las medidas que podrían facilitar el fomento del mercado de alquiler y otras disposiciones que conducirían al sector hacia una deseable madurez y hacia unos ratios de accesibilidad razonables, que hiciesen que dejasemos de hablar de la vivienda como si se tratara de un "problema".
Sin embargo, dada la distribución de competencias establecida en la Constitución y en los distintos estatutos de autonomía, son las comunidades las que tienen en su poder la posibilidad de poner en práctica estas medidas y apostar por ellas de manera decidida o darles un tratamiento más superficial.
El repaso que la titular de Vivienda hizo en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados sirvió para poner de manifiesto que, desde el Ejecutivo central, se han hecho los deberes. Ahora les toca el turno a los gobiernos autónomos, que tienen que utilizar los tributos cedidos, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el de Sucesiones y Donaciones, o el de Actos Jurídicos Documentados, para facilitar el acceso de las familias al mercado inmobiliario. En opinión de Trujillo, no es suficiente el gasto destinado por las autonomías a políticas de acceso a la vivienda. Desde su Ministerio se han destinado 7.853 millones de euros a este fin desde 2004. Y eso que Vivienda tan sólo ha ejecutado el 85% de su presupuesto según los datos presentados recientemente por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña. Sin embargo, la partida de subvenciones y ayudas tan sólo ha sido ejecutada en un 60%, lo que ha de atribuirse, según Trujillo, a la demora con la que las comunidades gestionan las solicitudes de los ciudadanos.