Legislación incierta

La aprobación reciente del dictamen sobre el texto de la Ley del Suelo en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados significa un paso adelante para la nueva legislación urbanística. En este proceso previo a su aprobación por el pleno de Las Cortes, se han introducido enmiendas de diferentes grupos políticos, entre los que no se encuentra el del Partido Popular.
Esto, que podría parecer normal y acorde con lo que sucede en el actual panorama político, tiene una trascendental y negativa importancia para la estabilidad urbanística en nuestro país, sin entrar a juzgar la trascendencia o conveniencia del nuevo texto legal. Era necesaria antes, es necesaria ahora y será necesaria en el futuro la existencia de un consenso en materia urbanística entre las dos principales fuerzas políticas del país, que son las únicas con capacidad para alcanzar el Gobierno del Estado. Y es necesario ese consenso porque, de lo contrario, cada vez que se produzca una alternancia entre las fuerzas políticas en el gobierno se efectuará un cambio en la legislación. Y, las sucesivas reformas, producirán distorsiones e inestabilidad en un mercado tan importante para la economía española como es el sector inmobiliario y de la construcción.
Si a esto le añadimos los más que probables recursos de inconstitucionalidad que presentarán las comunidades autónomas, de uno y otro signo político, la nueva Ley del Suelo nace herida de muerte. Lo único que hay que conocer es cuánto durará esa agonía.
Desde aquí apelo a la conciencia y responsabilidad política de los miembros del Partido Popular y del PSOE para que, en un último intento, traten de llegar a un acercamiento entre sus posturas y sea posible un acuerdo que permita una estabilidad en la legislación. Tengo poca confianza, más bien ninguna, de que esto sea posible pero ya se dice que la esperanza es lo último que se pierde.