Cascos logra un Pacto del Suelo "de mínimos" sin las CC.AA socialistas ni el País Vasco

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE y el País Vasco se descolgaron del acuerdo, logrado tras más de cinco horas de reunión en el seno de una Conferencia Sectorial de Suelo y basado en su práctica totalidad en la propuesta oficial presentada por Fomento en diciembre, con lo que finalmente el pacto no tiene la categoría de estatal tal como se pretendía.
Entre los términos del acuerdo, destaca el compromiso asumido por todas las regiones firmantes de agilizar y flexibilizar los trámites administrativos ligados tanto a la clasificación de suelo como a la aprobación de los planeamientos urbanísticos.
Asimismo, establece un nuevo sistema de valoración de suelo, con el fin de excluir los elementos de cálculo que fomenten la especulación y, en cuanto a patrimonios públicos de suelo, recomienda a sus titulares abordar su enajenación primero mediante convenios públicos, posteriormente a través de concurso y sólo recurrir a la subasta en última instancia.
Por contra, el "acuerdo mayoritario" firmado no contempla obligación alguna de la administración a reservar suelos públicos para la promoción de viviendas de protección oficial (VPO), sino sólo una recomendación de que sea una prioridad en caso de enajenación por concurso.
Además, el documento incluye el silencio administrativo positivo para las consultas de privados sobre desarrollos urbanísticos ante comunidades y ayuntamientos, si en un año éstas no se pronuncian.
Los representantes de las seis comunidades gobernadas por el PSOE -Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón, Asturias y Extremadura- rechazaron el texto del acuerdo por considerar que continúa con la "fracasada" política de liberalización del mercado de suelo que el Gobierno mantiene desde 1998, y por considerar que no contribuirá a solucionar el problema de la accesibilidad a la vivienda. El mayor punto de discrepancia fue el cambio de sistema de valoración de los terrenos.
Así, el conseller de Obras Públicas de las Islas Baleares, Francesco Quetglass, aseguró al término del encuentro que el texto es sólo "más de lo mismo" y que lo que necesita el mercado urbanístico español es más regulación, mientras que su homólogo en el gobierno de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil Díaz, lo tildó de "mera operación de imagen y pantalla".
Los consejeros socialistas no realizaron una propuesta conjunta a pesar de basar sus intervenciones en la Conferencia Sectorial en la proposición de ley de suelo alternativa presentada hoy por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que, en contra de la defendida por el Gobierno, persigue aumentar la intervención de la Administración en el mercado de vivienda.
No obstante, las mayores críticas provinieron del consejero de Ordenación del Ejecutivo del País Vasco, Javier Madrazo, para quien el texto del acuerdo mantiene a los propietarios de suelo "en el centro de la atención de la política urbanística", en detrimento del derecho de los demandantes de una vivienda digna.
Por su parte, el ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, aseguró tras la firma, que las comunidades no firmantes "llegarán más tarde" al objetivo común perseguido por todos de rebajar el precio del suelo, por considerar que eligieron "un camino más largo para alcanzarlo".
"Se han dado avances sustanciales en ámbitos que son competencia del Estado, por lo que sin sentirme totalmente satisfecho, porque lo deseable era una acuerdo con las 19 comunidades, el alcanzado supone un avance sustancial en el debate sobre el tema que seguirá abierto", explicó el ministro.
Así, Alvarez-Cascos expresó su intención de involucar en el acuerdo suscrito hoy con comunidades a los ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios y Provincias (Femp), dado que son quienes en último término "tienen la llave de la gestión urbanística".
Además, el debate en torno al suelo se trasladará también al Congreso de los Diputados, dado que Fomento sumará el contenido del acuerdo al Real Decreto Ley de medidas liberalizadoras del Suelo de junio de 2000 cuyo trámite como proyecto de ley está paralizado en el Parlamento desde entonces y que ahora se pretende reactivar.
Con todo, el ministro considera que la aplicación de las modificaciones introducidas, así como su repercusión práctica, dependerán de la aplicación de que las mismas realicen las distintas regiones y del trámite parlamentario.