Bruselas amonesta a España por el consumo energético en los hogares

Cuatro años esperando una contestación han colmado la paciencia de la Comisión Europea, que ha enviado un dictamen motivado al Gobierno español exigiéndole que informe de las medidas que ha tomado para reducir el consumo energético de los hogares. El escrito de Bruselas es la última medida antes de la interposición de una demanda ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
La urgencia de la reclamación de la Unión Europea viene a propósito de que la directiva que se ocupaba de este asunto se promulgó en 2002. Desde entonces, Bruselas está esperando que los países miembros de la UE adapten a sus respectivos marcos normativos la directiva que propone, entre otras cosas, fijar unos requisitos mínimos de eficiencia energética y a aplicarlos a los edificios nuevos, y a los ya existentes de grandes dimensiones.
España no es la única destinataria de la reprimenda. Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia y Reino Unido también están en la misma situación. El problema no es que no remitieran la información requerida, sino que ésta era insuficiente. Todos ellos recibieron en febrero una carta de emplazamiento, instándoles a resolver la escasez de datos, pero la falta de respuesta ha llevado a la Comisión Europea a aumentar la presión.
La directiva que ha provocado las fricciones establece la creación de unos certificados de eficiencia energética que son, básicamente, «etiquetas» para los edificios similares a las aplicadas a los electrodomésticos. No obstante, los certificados de eficiencia energética de los edificios son más complejos y, cuando se destinen a edificios ya existentes, deberán ir acompañados de orientaciones sobre cómo mejorar dicha eficiencia, así como de información relativa a los costes de inversión y al periodo probable de amortización. Por otro lado, los Estados miembros deberán velar por la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y de aire acondicionado a fin de obtener mejoras por lo que respecta a la eficiencia.
La directiva de ahorro energético es una de la piezas claves de la Unión Europea para cumplir los compromisos del Protocolo de Kyoto, ya que los sectores difusos (transportes y edificación) son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la iniciativa comunitaria no ha recibido una gran acogida, a la vista del grupo de nueve países “morosos” y de los otros cinco que reaccionaron ante dictámenes motivados enviados en junio.