Hacienda estudia recargos para el IBI de las viviendas vacías

El Ministerio de Economía y Hacienda está estudiando el desarrollo de un artículo de la Ley Reguladora de Haciendas que ya fuera aprobado por el anterior Ejecutivo del Partido Popular (PP) en el año 2002 y que quedó sin aplicar tras su salida del Gobierno estatal. La nueva reglamentación supondría un incremento de hasta el 50% en el pago del IBI en caso de tratarse de viviendas desocupadas. El desarrollo de la legislación tendría como objetivo estimular el alquiler de estas viviendas que se encuentran vacías y que, en muchas ciudades, suponen casi un tercio del parque residencial, según los últimos datos del censo disponibles.
El aumento, que apenas supondría un pago anual adicional de un máximo de unos 80 euros por una vivienda vacía de 65 metros cuadrados en Madrid, ya ha traído polémica en algunos de los municipios en los que ha intentado aplicarse. Sin ir más lejos, esta era una de las propuestas de Alberto Ruiz Gallardón antes de hacerse con la alcaldía de Madrid y a la que tuvo que renunciar tras su acceso al poder, por la oposición de parte de su partido y, especialmente, de Esperanza Aguirre, que también ascendió a la presidencia de la Comunidad meses después, tras la repetición de las elecciones. No obstante, en la actualidad, comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco están intentando sacar adelante reglamentaciones de este tipo, no sin generar cierta polémica. Además, un total de 186 municipios repartidos por todo el territorio nacional, ya cuentan con legislaciones que contemplan el recargo en el IBI de casas vacías.
El problema fundamental en la aplicación de esta ley parece estar en la identificación como tales de las viviendas desocupadas. La ley preparada por el PP en 2002 establece esta distinción definiendo a los inmuebles afectados por la reglamentación como "de uso residencial" y "desocupados con carácter permanente", aunque, obviamente, no especifica por qué procedimiento serán identificadas estas residencias. En su momento, el propio alcalde de Madrid, propuso cruzar los datos sobre pagos como los de electricidad y agua, como método para saber qué viviendas estaban deshabitadas.