La Ley del Suelo se somete al trámite del Congreso
El proyecto, calificado de “intevencionista” por la el PP, cuenta con apoyos suficientes para salir adelante
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
24/11/2006.- La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso está estudiando ya el Proyecto de Ley de Suelo, que vendrá a sustituir la normativa vigente desde 1998. El principal reto de la nueva ley será poner freno al imparable ascenso de los precios de la vivienda, que en los últimos siete años ha subido un 150%. Gran parte de la responsabilidad de este alza está en el suelo, que también ha experimentado un crecimiento exponencial, hasta el punto de que el suelo urbano ha multiplicado por cinco su valor desde 1998.
La ministra María Antonia Trujillo ha descrito la Ley que ahora evalúa el Congreso como “un proyecto en contra de la especulación urbanística”. Quizá la principal dificultad con la que se encontrará la futura ley es que el Ministerio ha cedido muchas de las competencias urbanísticas a las administraciones regionales. Trujillo explicó en el Congreso que el proyecto presentado “es escrupulosamente respetuoso con las competencias autonómicas”.
A pesar de las declaraciones de la ministra, el PP presentó una enmienda a la totalidad por considerar “intervencionista” el proyecto, que también contaba con la oposición de CiU. Ambas enmiendas fueron rechazadas en el Congreso, gracias al apoyo del PSOE, IU-ICV y ERC. En el último momento, el BNG retiró su enmienda a la totalidad a cambio del compromiso de Trujillo de mejorar el proyecto de ley en colaboración con los diversos grupos parlamentarios.
La nueva Ley del Suelo pretende poner más difícil las cosas a los responsables de desarrollos urbanísticos no sostenibles, como los de Seseña, en Toledo, o Cullera, en Valencia. “Urbanizar es hacer ciudad y, por tanto, también infraestructuras, dotaciones y equipamientos públicos”, dijo Trujillo en el Congreso.
Sin embargo, el Ministerio sólo establecer una serie de mínimos, a partir de los cuales serán las administraciones autonómicas las que tengan la última palabra. Así sucede con la vivienda pública, que según a nueva ley, recibirá al menos un 25% del nuevo suelo residencial. “Un mínimo que pueden aumentar las comunidades autónomas”, recordó la ministra. Asimismo, cada comunidad fijará su participación en las plusvalías, estableciéndola entre el 5 y el 15%.
Uno de los puntos más controvertidos de la Ley del Suelo es en nuevo régimen de valoraciones, que pretende establecer criterios objetivos para calcular el precio del suelo. El sistema previsto se basa en la situación presuntamente real del suelo y la inversión y el riesgo asumidos, desechando las meras expectativas. Esta propuesta ha desatado numerosas críticas entre los profesionales del sector, aunque para Vivienda la medida “desincentivará las prácticas de clasificación y retención puramente especulativas del suelo”.
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