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Vivienda endurece el control sobre la VPO para evitar el fraude

Un registro listará los datos de los promotores y los beneficiarios

lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
18/10/2006.- Las Administraciones y las entidades bancarias colaborarán en la confección de un registro de viviendas protegidas, con el objetivo de dificultar las operaciones fraudulentas relacionadas con viviendas de protección oficial. Esta medida aumenta el control sobre las transmisiones de estos inmuebles.
El Registro Estatal de Viviendas Protegidas es ya una realidad, después de que el BOE refrendase la creación de esta lista promovida por el Ministerio de Vivienda, pero en la que también prestarán su apoyo las comunidades autónomas que firmaron el convenio de creación del Plan de Vivienda 2005-2008.
El nuevo registro nace con la intención de controlar de forma más estrecha el destino de las viviendas de protección, de forma que los beneficiarios de las mismas no utilicen los inmuebles para fines especulativos. La iniciativa del Ministerio que dirige María Antonio Trujillo también cuenta con el apoyo de las entidades financieras colaboradoras.
Además de los promotores, el Registro de Viviendas Protegidas incluirá también los datos relacionados con los nuevos propietarios de las viviendas acogidas al Plan 2005-2008, cuando se produzcan segundas o posteriores transmisiones de dichas viviendas dentro del período que se extienda el régimen de protección o, en caso de una adquisición protegida de viviendas usadas, el período de limitación de precios de venta. En estos casos, el Registro incluirá la fecha de la segunda o posterior transmisión y la devolución, en su caso, de las ayudas estatales percibidas junto al motivo de dicho reintegro.
El Registro de Viviendas Protegidas se une a los instrumentos que el Ministerio de Vivienda ya tiene en marcha dentro del programa de prevención y control del fraude en la vivienda protegida. El Ministerio del Interior informaba recientemente de su contribución, con la puesta en marcha de un cuerpo de la Guardia Civil dedicado sólo a delitos urbanísticos.
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