Oscar Alcaide

A pesar de los numerosos casos de corrupción que últimamente se propagan por nuestro país, asociados al urbanismo, no podemos olvidar que un altísimo porcentaje de empresas del sector inmobiliario gozan de una profesionalidad envidiable.
Aunque pueda parecer que las irregularidades y los sobornos están a la orden del día en las políticas de desarrollo urbanístico de cualquier municipio que se precie, y casos como el de Marbella, o el que le ha costado el cargo en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Madrid a Enrique Porto hayan sacudido la conciencia del sector, las compañías españolas salvan la ropa en lo que se refiere a corrupción.
De acuerdo con un reciente informe publicado por Transparencia Internacional, España obtiene una puntuación cercana al notable al rechazar el pago de comisiones ilegales o dádivas a altos funcionarios en sus estrategias de penetración en mercados internacionales. Habrá quien piense que lo que hacemos en el exterior no sirve de ejemplo a los ejecutivos para desarrollar su actividad en el mercado doméstico, y que ése es el motivo que ha llevado a la corrupción urbanística a propagarse más rápido que el mejillón cebra en las aguas de nuestros ríos.
Es posible, pero también es cierto que las irregularidades son la excepción en lugar de la norma, y que los últimos acontecimientos están creando una imagen en torno al sector del ladrillo que no concuerda con la realidad. Las compañías españolas llevan años trabajando con rigor y profesionalidad, y prueba de ello es el hecho de que cada vez su presencia es mayor y más sólida en el extranjero. Los retos que han de acometer las empresas españolas más allá de nuestras fronteras requieren de unos extrictos criterios de transparencia y disciplina, a los que sólo empresas profesionales que cuentan con un bagaje y una experiencia importantes, con el aval de décadas ejerciendo su labor de forma responsable, pueden responder.