La vela tensa la política

¿La razón?: temía encontrarse con Rita Barberá, la guerrera alcaldesa de Valencia que reclama los 500 millones de euros que el Estado debe poner en el consorcio, a través del ICO. Barberá lleva también varios meses intentando entrevistarse con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que había delegado todas las gestiones en su secretario de Transporte, Fernando Palao.

El Ayuntamiento de Valencia tenía que ponerse de acuerdo con el Ministerio y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para establecer las garantías -en forma de recalificación de los terrenos en torno al puerto- para la recuperación de los 500 millones que el Estado debe aportar al consorcio formado por el Gobierno Central (50%) y Ayuntamiento y Comunidad Valenciana (50%). El ICO sólo ha liberado 100 millones por ahora, mientras que las obras adjudicadas suman ya 158 millones de euros. Los gastos previstos superan los 350 millones, pero si se suman otras mejoras en la ciudad y en los accesos se llegará a esos 500 millones previstos.

Para complicar las cosas, Barberá acusa al presidente del ICO, Aurelio Martínez, de torpedear la cesión del crédito.

El Consorcio de la Copa América 2007 se gestó durante el Gobierno de Aznar, entre el Estado, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. Cada uno de ellos participaba al 33%. La victoria de ZP en las urnas obligó a recomponer las fuerzas. Sevilla reclamó entonces el 50% del consorcio y hubo que cambiar a su director, Pedro Salinas. En su lugar se puso al ex presidente del puerto, Fernando Huet, que aceleró los concursos de las grandes obras. Pero el dinero no acaba de llegar porque las tres administraciones no se ponen de acuerdo en cómo recuperar el crédito.

Hasta el momento, se han adjudicado obras por valor de cerca de 158 millones, siendo Dragados, en UTE con Sedesa (ligada a la familia del ex director general de Policía con Aznar, José Cotino), la principal beneficiada, seguida de Ferrovial, Necso y FCC.