El Gobierno ultima un plan contra el fraude en VPO

Los cambios que el Ejecutivo quiere introducir en el régimen jurídico de las casas protegidas serán incluidos en el nuevo Plan de Vivienda que prepara el equipo de María Antonia Trujillo, cuya intención es poder presentarlo en sociedad durante este primer trimestre del año.

Según fuentes cercanas a los trabajos que se están realizando, el objetivo es acabar con las bolsas de fraude que existen en torno a la vivienda protegida, aunque estas fuentes matizan que la reforma (incluida en el programa electoral del PSOE) no tendrá carácter retroactivo y sólo afectará a los pisos protegidos de nueva creación.

Según al plan de vivienda al que pertenezca, la condición de protegida de una vivienda hasta ahora nunca ha sido vitalicia y ha estado limitada por ley (hasta 50 años, según los casos). También en las normas que regulan este tipo de inmuebles se especifican que deben ser ocupadas en un tiempo breve a partir de su entrega y si se han vendido en régimen de propiedad, se prohíbe su alquiler.

Sobre su venta posterior, las leyes también son claras. Primero se limitó su transmisión en los cinco años siguientes a la compra, aunque algunas autonomías han ampliado ese plazo a 10 años.  

No obstante, si un propietario de una VPO quería venderla antes de haber transcurrido dicho plazo, podía hacerlo siguiendo dos caminos diferentes.

El primero y más sencillo era pedir el correspondiente permiso de venta anticipada a la comunidad autónoma donde se ubicaba la casa y devolver todas las ayudas o subvenciones directas que hubiese recibido al adquirirla.

Además de cumplir con este trámite, si la vivienda se había comprado mediante cooperativa, debía adjuntarse un documento que acreditara que ningún cooperativista se encontraba a la espera de un piso de similares características. Las regiones hasta ahora han venido concediendo siempre dichos permisos y no han hecho valer su derecho de tanteo sobre el inmueble en venta. Eso sí, a cambio indicaban en unas tablas el precio máximo al que podían venderse los pisos, que seguían manteniendo su condición de VPO. El otro camino es solicitar la descalificación del piso como VPO, lo que conlleva la devolución de todas las ayudas, incluidas las fiscales y la subsidiación del tipo de interés hipotecario (si la Administración decretó tipos hipotecarios más bajos para esos pisos, deben devolver esas cantidades pagadas de menos). La ventaja de este segundo sistema es que la casa queda libre de toda protección y puede ser vendida libremente. Pero, ¿Qué suele hacer el propietario?

Como este segundo sistema se suele resolver al cabo de meses, e incluso años, y supone un desembolso importante de dinero a priori, los propietarios optan por solicitar la venta anticipada, devolver las ayudas a las que están obligados, y después vender a precio libre, aunque en la escritura pública figure el precio que establece la Administración. Ahí radica el fraude, ya que la diferencia entre el valor real de compraventa y el escriturado escapa a todo control.

Con la reforma que prepara el Ejecutivo, la calificación de protegida permanecerá siempre y la casa sólo podrá ser vendida a uno de los integrantes del registro de demandantes de VPO que quiere crear el Ministerio que dirige Trujillo. Además, algunas regiones, como Madrid, ya han anunciado partidas presupuestarias específicas para ejercer su derecho de tanteo, algo que en la actualidad sólo realiza en todos los casos el País Vasco.