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Los analistas financieros y bursátiles no conocen el alcance de la nueva normativa

lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
Con sinceridad y no sin cierto rubor, los analistas bursátiles corroboran la encuesta de la consultora KPMG, que habla de que un 40% de estos profesionales desconoce el efecto que las normas internacionales de contabilidad (NIC) tendrán en los grupos cotizados. “Estamos un poco pez”, reconoce Alvaro Arístegui, analista de la firma bursátil Interdin. “Pero lo que ocurre es que no puedes aplicarte en una materia si no tienes la información necesaria. El Banco de España se tiene que decidir en muchos aspectos que no están ni definidos ni decididos”, dice.
Falta de información.- Esa crítica es recurrente. El Banco de España está emitiendo mensajes cortos y no está aplicando una doctrina global a la hora de comunicar a empresas y entidades financieras cómo les afectarán las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) o IFRS (International Financial Reporting Standards, en sus siglas en inglés). A finales de año, emitió un comunicado de un solo párrafo en el que hacía saber a los bancos y cajas que, a partir de la aplicación de las NIC, los costes de las prejubilaciones de sus plantillas deberían computarse con cargo a beneficios y no a reservas.

Marta Cabrera, analista de Safei, reconoce, igualmente, que “todavía no tenemos un grado de conocimiento suficiente como para saber cómo afectaran las nuevas normas contables a las empresas y a las valoraciones que debemos hacer los analistas”. En este sentido, considera que queda poco tiempo y que “el Banco de España y las propias empresas cotizadas deberían informar del impacto que tendrán las NIC en sus balances. De momento, no están facilitando demasiada información”, dice.

La cuestión que más preocupa es el impacto que tendrán las nuevas normas contables sobre los balances empresariales y de las entidades financieras. Y, por tanto, sobre su valoración en Bolsa. En este sentido, Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4, considera prematuro hablar de impacto, porque “todavía quedan muchas cosas en el tintero, que aún faltan por definirse”. No obstante, cree que “debería incidirse más en la contabilidad de las propias empresas que en la valoración que nosotros podamos hacer de esas compañías, porque nosotros nos basamos en el cash flow y no tanto en el beneficio contable, que es un puro artificio”.

En este sentido, los analistas consultados consideran que, si se mantienen algunos criterios ya esbozados, las NIC afectarán, por ejemplo, a las concesionarias de autopistas. “Hasta ahora, los gastos financieros que les suponía la incorporación de una concesión podían repartirlos a lo largo de la vida útil de la concesión; a partir de la entrada en vigor de las NIC, esto ya no será así, puesto que habrá que computarlos sólo durante los primeros años de la puesta en marcha del proyecto, lo que podría castigar a las concesionarias más jóvenes y, en especial, a Cintra”, dice Marta Cabrera, de Safei.

La lucha de bancos y cajas.- Por lo que respecta a los bancos y cajas de ahorros en relación con el mercado inmobiliario y las hipotecas, las entidades financieras están peleándose para que el Banco de España les deje contabilizar sus activos inmobiliarios a precio de mercado. Este aspecto es curioso, porque las Normas Internacionales de Contabilidad sí permiten esta posibilidad, pero el Banco de España la limita y no deja que los bancos y cajas contabilicen sus inmuebles o sus inversiones inmobiliarias a precios de mercado, lo que permitiría un aumento considerable del valor de sus activos. La entidad que dirige Jaime Caruana se justifica diciendo que ese valor de mercado puede estar inflado y, por tanto, la valoración de los activos de las entidades sería ficticia, con todo el peligro que eso conlleva.

Los bancos y cajas, a través de sus patronales AEB y CECA, están peleándose también para que el Banco de España alargue el plazo para calificar un préstamo impagado como moroso. En el primer borrador lo rebajó a tres meses y los bancos quieren que el plazo se fije en seis meses. El matiz es importante, porque si se rebaja el plazo, aumentaría el número de préstamos o créditos calificados de impagados y las entidades financieras se verían obligadas a aumentar las dotaciones destinadas a cubrir los impagos; aumento de dotaciones que iría en detrimento del beneficio final.
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