SyV promoverá la convocatoria de un consejo extraordinario en BBVA para solicitar tres consejeros

La entrada en el máximo órgano de gobierno del banco, compuesto por 16 miembros, sería el primer peldaño de una estrategia que desembocaría en el relevo de Francisco González de la presidencia de la entidad.

Para llevar a cabo este propósito, la constructora tiene previsto sumar a su participación otro 2 ó 3% del capital procedente de otros empresarios, antiguos accionistas, ex directivos y ex consejeros de BBVA centralizado en el ex vicepresidente de la entidad José Domlingo Ampuero.

El objetivo final es colocar a un hombre de consenso, un banquero "de reconocido prestigio" en lugar de González, que aglutine la voluntad de todas las partes y capitanee un periodo de transición en la entidad.

Los tres principales artífices en el diseño de esta operación son, según fuentes del mercado, Luis del Rivero, presidente de Sacyr; Juan Abelló, consejero del Santander con un 0,25% y uno de los principales accionistas de la constructora, y Demetrio Carceller, presidente de la petrolera Disa, de la cervecera Damm y consejero y accionista del grupo constructor, los cuales han querido aprovechar el actual momento político con un Gobierno proclive a los cambios en las cúpulas de las empresas privatizadas, con presidentes nombrados a dedo por el anterior Gobierno del PP.

Además de al Gobierno, Sacyr Vallehermoso informó el pasado viernes al Banco de España de su intención de hacerse con entre un 3 y un 4% del BBVA, en cumplimiento de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que en su artículo 57 establece que "toda persona física o jurídica que pretenda adquirir, directa o indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito deberá informar previamente de ello al Banco de España, indicando la cuantía de dicha participación, los términos y condiciones de la adquisición y el plazo máximo en el que se pretenda realizar la operación".

A efectos de esta Ley, se entiende por participación significativa en una entidad de crédito española aquélla que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 5% del capital o los derechos de voto de la entidad.

También tendrá esta consideración la participación que, sin llegar al porcentaje señalado, "permita ejercer una influencia notable en la entidad". La Ley establece que se podrá determinar reglamentariamente, habida cuenta de las características de los distintos tipos de entidad de crédito, cuándo se deba presumir que una persona física o jurídica puede ejercer dicha influencia notable".

El Banco de España dispondrá de un plazo máximo de tres meses, a contar desde la fecha en que haya sido informado para, en su caso, oponerse a la adquisición pretendida. La oposición podrá fundarse en no considerar idóneo al adquiriente, según lo previsto en el apartado 5 del artículo 43.

Fuentes del Instituto supervisor indicaron a Europa Press que en el supuesto de que la entidad se pronunciara en contra de la operación, lo haría con una "justificación sobrada" y perfectamente argumentada. "Estamos en una economía de mercado, y una decisión así debería ser perfectamente fundamentada", añadieron.

Fuentes conocedoras de la operación indicaron a Europa Press que los tiempos serán "claves" para que prospere esta ofensiva sobre el segundo banco del país, el que tarde el Banco de España en pronunciarse y el que transcurra hasta la convocatoria de la junta general de accionistas de la entidad, en la que podría plantearse la cuestión de la renovación de González en el cargo.

Este grupo de empresarios quiere aprovechar otro elemento más a su favor. Con la apuesta de la dirección de la entidad por liderar la implementación de las nuevas prácticas de gobierno corporativo, ya no quedan obstáculos para acceder al consejo ni a la presidencia del banco. Y ni el mercado, ni los inversores ni la comunidad financiera nacional e internacional entenderían una apresurada marcha atrás en este sentido.

En el verano de 2002, el consejo de BBVA aprobó el código de buen gobierno, por el que se limita la edad de permanencia en la presidencia hasta los 65 años --puede continuar cinco años más vinculado a la entidad en calidad de consejero--. El retiro obligatorio del consejero delegado se fija en cambio en los 62 años.

En marzo de 2003, la junta de accionistas de BBVA aprobó la supresión de medidas de blindaje contra OPA's hostiles, al eliminar la limitación de votos al 10% del capital que recogían sus estatutos, y en la junta de febrero de 2004 se aprobó la supresión de los requisitos exigidos para poder ser nombrado miembro del consejo de administración y presidente, con lo que eliminaba los últimos blindajes estatutarios que conservaba.

La influencia de este núcleo duro de accionistas en el capital de BBVA se traduciría en un cambio de rumbo en su gestión. El grupo recuperaría su vocación industrial, aparcada en los planes de la actual dirección, y sintonizaría así en una de sus ramas con la actividad de la constructora.

Para Sacyr puede ser muy interesante además la 'operación Chamartín' considerado el proyecto inmobiliario de mayor calado de la historia de España, y en que está involucrada la entidad financiera. Antes de que cotizara en bolsa, Sacyr llegó a controlar a comienzos de la década el 1% de BBVA, en una inversión considerada entonces como financiera.

Sin embargo, fuentes del sector financiero consultadas por Europa Press hicieron hincapié en que el mercado ha sido el que ha dado el veredicto a este intento de "asalto hostil" al banco, al experimentar los títulos de Sacyr una caída del 12% en día y medio (la caída era del 7,4% al reanudarse hoy la cotización tras levantar la CNMV la suspensión, y la de ayer fue del 5%).

Otros analistas consultados expresaron sus razonables dudas sobre si el grupo constructor tiene capacidad financiera para entrar en BBVA, habida cuenta de que la compra del 3,1% del banco le supondría un coste total de 1.250 millones, aproximadamente el 38% de su capitalización y el 10% de su balance, y hay que tener en cuenta que se trata de un grupo con un endeudamiento próximo a los 7.000 millones de euros.