Aprobado el anteproyecto de la Ley vasca del Suelo y Urbanismo

Garbiñe Esteban
Vitoria

Una de las asignaturas pendientes del Gobierno vasco era dar forma a una Ley del Suelo que regulase las actuaciones en materia de urbanismo, y por fin se ha aprobado. El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, ha presentado el documento después de haber sido aprobado en la reunión del Ejecutivo. El dirigente de Ezker Batua asegura que la nueva normativa “pretende dar un impulso definitivo a la vivienda de protección oficial y acabar con la especulación del suelo”.

Para ello, los municipios estarán obligados a reservar suelo para construir VPO si tienen más de 3.000 habitantes, hasta ahora sólo tenían que hacerlo los de más de 7.000. Esto supone que a las 53 localidades que ya tenían en cuenta las reservas de suelo, se suman 32 más, con lo que la norma afecta a 85 municipios, abarcando globalmente al 93% del territorio regional. El propósito del Ejecutivo es “que las VPO lleguen a representar más del 50% del mercado. Queremos construir a un ritmo de 10.000 nuevos pisos protegidos cada año”, afirma Madrazo.

Nuevas figuras.- La Ley recoge las figuras del agente urbanizador y del edificador, que se designarán mediante concurso público por los ayuntamientos. El agente urbanizador facilitará la expropiación de parcelas privadas y preparará los terrenos para edificar. Si un año después de que estén listos no comienzan las obras, se designará un agente edificador que las lleve a cabo.

La futura norma propone incrementar los porcentajes de VPO hasta el 70% en suelo urbanizable y el 30% en suelo urbano, frente al 65% y 20% actuales. Se incluyen aquí reservas para pisos de precio tasado, que se tratarán de la misma manera que la protegida en cuanto a acceso y control.

El texto de la nueva Ley también contempla límites mínimos y máximos a la edificabilidad con la intención de “evitar la ocupación indiscriminada de suelo con viviendas unifamiliares y garantizar así un entorno urbano habitable”. Los municipios de más de 3.000 habitantes tendrán un coeficiente mínimo de 0,4 metros cuadrados de techo construido por metro cuadrado de suelo, tasa que “hace prácticamente inviable” proyectar grupos de chalés, según explica el viceconsejero de Vivienda, Javier Deán.

En el resto de poblaciones, el coeficiente mínimo es de 0,25 metros cuadrados de techo construido por metro cuadrado, y, para evitar las promociones abigarradas, se establece un coeficiente máximo de 1,10 metros cuadrados de techo construido para todas las localidades.

Madrazo no ha dudado en calificar esta nueva normativa como “la más progresista de todo el Estado”, señalando que los ayuntamientos deberán crear patrimonios públicos de suelo a base de la cesión del 10% de la edificabilidad a la que están sujetos los propietarios de suelo en desarrollo, y del 10% de los ingresos del presupuesto municipal en el caso de poblaciones con más de 3.000 habitantes.