Política Territorial comenzó en febrero un plan de alquiler de viviendas con el objetivo de terminar con el elevado número de pisos deshabitados, y facilitar el acceso a los mismos de aquellas personas con menores ingresos. Las ayudas garantizan el pago del 60% de la cuota de arrendamiento.
Marisa Prado
A CoruñaEn febrero de 2004, la Consejería de Política Territorial, a través del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS), puso en marcha una iniciativa que constituye el primer programa integral de alquiler de viviendas que existe en España. .
Desde que se puso en marcha este programa, se han acogido al mismo un total de 338 familias, a las que la Administración ayuda a pagar la renta mensual de su vivienda habitual. Esta cifra supone el 48% del total de las 703 viviendas que la Xunta ha puesto en el mercado en régimen de alquiler.
Actualmente, 72 pisos se encuentran en fase de inspección técnica para conocer su estado de habitabilidad, paso previo para integrarse en la web
www.bolsa.alugueiro.xunta.es y poder ser alquilada. En estos momentos, existen 365 viviendas disponibles en dicha página y un total de 928 inscritas.
Subvenciones del 60%.- El IGVS subvenciona hasta el 60% del importe de la renta mensual, una medida con la que pretende que los inquilinos no destinen a este fin más del 20% de sus ingresos.
La edad media de las personas que ya han firmado un contrato de alquiler es de 35 años , aunque no se pone un límite de edad para que se acceda a esta Bolsa de Vivienda, y el tiempo para contar con una de estas casas es indefinido, siempre que se mantengan unos ingresos inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.
El sistema ofrece una serie de ventajas a los propietarios de los pisos, como la garantía de cobro de las rentas mensuales y del consumo de los servicios de agua, gas y electricidad mediante un aval bancario. Además, disponen de un seguro multiriesgo, que garantizará el mantenimiento de la casa en las mejores condiciones, y la tramitación completa es gratuita, ya que es la Bolsa la que se encarga de buscar los inquilinos, de gestionar el contrato y de toda la documentación.
Los beneficiarios de las ayudas pueden ser familias o unidades convivenciales con ingresos entre 0,7 y 3,5 el SMI. Entre las ventajas destaca la seguridad de que la vivienda contará con unas condiciones de habitabilidad idóneas, así como que el precio de la misma se ajustará a sus condiciones. También se ofrece asesoramiento gratuito.