La primera minicrisis de Aguirre

Zabia le ofreció el puesto, debido precisamente a su perfil tecnócrata, que se ajustaba bien a la tónica general que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiso dar a su equipo y que constituye ahora el verdadero talón de aquiles del gabinete, donde toda acción política depende directamente de Aguirre, que exige una obediencia absoluta, aunque los planes que presenta –como ha ocurrido ahora con su decisión de implantar la Ley de Educación que va a congelar Zapatero- tengan una difícil concreción en la práctica para los consejeros.

El primero en comprenderlo así fue el vicepresidente y consejero de Justicia, Alfredo Prada, que se lanzó a aplicar la Bescam sin haberlo discutido siquiera con el Ministerio del Interior. También Francisco Granados, con los nuevos Metros, y Manuel Lamela, con la ubicación de los hospitales y los tiempos de espera en los centros sanitarios lo han pasado mal, pero, finalmente, han podido salir airosos.

El urbanismo, sin embargo, se ha convertido en un nudo gordiano difícil de romper y que podría provocar no sólo la dimisión de Mucientes, sino la del propio Zabia, que en los cinco meses que lleva al frente de la Consejería ha hecho un cursillo concentrado de temas urbanísticos, de los que poco conocía al llegar al sillón.

El sector inmobiliario estaba excesivamente caliente tras la crisis de la Asamblea de Madrid del verano pasado, que le costó la presidencia al líder socialista Rafael Simancas y que provocó un enfrentamiento sin precedentes entre los grupos políticos en la Comisión de Investigación que no pudo llegar a ninguna conclusión.

La guerra entre los promotores privados, agrupados en Asprima, y los gestores de cooperativas de Agecovi, a los que Simancas había prometido 50.000 viviendas, lejos de solucionarse, se ha ido agravando. La presidenta no quiere ni oir hablar de VPO, donde considera que existe una inmensa bolsa de fraude, pero las soluciones que ha ido proponiendo, como la reforma de la Ley del Suelo, cuya comisión dirige el catedrático García de Enterría, y en la que estaba Armando Mucientes, o la promesa de 70.000 viviendas en alquiler con opción a compra para los jóvenes, no convencen ni a tirios ni a troyanos.

Una prueba de esta situación está en que Esperanza Aguirre tuvo que negociar en el último momento con los dirigentes de los promotores privados el que las viviendas en alquiler se quedaran el 50% con opción a compra por parte del arrendatario a los siete años, y el otro 50% de las previstas retornasen a propiedad del promotor a los diez años.

Planes de Urbanismo como los de Rivas, Brunete y Getafe, que quedaron pendientes en parte o del todo en el mandato de Gallardón, han tenido una difícil conclusión, en parte por problemas técnicos, pero también por problemas de comunicación entre las administraciones regional y municipal.

El PGOU de Rivas salió adelante el pasado mes, pero se han tardado más de cinco meses en dar el visto bueno a los desarrollos de las 10.000 viviendas de Getafe, dando lugar a que crecieran los enfrentamientos entre los partidarios de hacerlo por expropiación, como proponía el Ayuntamiento, o por compensación, como querían los propietarios del suelo.

Consejero y viceconsejero fueron objetivo de las presiones de los dos sectores enfrentados, unos porque temían que la Consejería fuera a echar abajo el proyecto, y otros porque la tardanza en aprobarlo les daba nuevas esperanzas. Mucientes aseguró en enero al alcalde de Getafe que el PGOU se aprobaría inmediatamente, pero ha tenido que esperar a finales de abril para verlo realizado.

Zabia comentó al presidente de la Federación de Cooperativas, Alfonso Vázquez, que “no le presionaran en lo del Consorcio. El mismo alcalde, Pedro Castro, dijo a la presidenta, Esperanza Aguirre, que “hay cuestiones que me las tomo a vida o muerte y una de ellas es este proyecto de las 10.000 viviendas por expropiación y el 80% protegidas”.

Tampoco ha sabido Zabia resolver el grave problema del PGOU de Brunete, que lleva más de un año paralizado y donde el alcalde del PP, Félix Gavilanes, sigue insistiendo en hacer un desarrollo urbano que rebasa, según los técnicos, todos los parámetros hasta ahora establecidos en la región. Uno de los puntos más conflictivos es la finca La Pellejera, con más de 2 millones de metros cuadrados, donde el promotor de La Finca de Somosaguas (Pozuelo), Luis García Cereceda, quiere construir un nueva Moraleja para vecinos vips.

Otro de los puntos conflictivos es la vinculación de José Ramón de la Morena (El Larguero, Cadena Ser),con una urbanización en la zona de Los Rosales.