Ecologistas de Extremadura piden justicia penal para el urbanismo ilegal

Calos Hopo
Cáceres

Ecologistas en Acción sigue luchando contra el urbanismo ilegal en Extremadura y ha solicitado a los Ayuntamientos de la comunidad, a la fiscalía, al Seprona y a la Junta extremeña que tomen medidas urgentes para acabar con la especulación y con la construcción ilegal en la comunidad autónoma.

“En Extremadura estos actos de edificación ilegal son generalizados”, denuncia Pablo Ramos Duro, coordinador de Ecologistas en Acción en la región. “Aplaudimos las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Mérida, que tiene en marcha unas 300 sanciones contra otras tantas propiedades construidas en terrenos no urbanizables, pero deben tomar medidas urgentes que paralicen las obras en curso antes de que haya que derribar”, añade Ramos Duro.

La asociación puso una denuncia por delito ecológico contra los propietarios de terrenos ubicados dentro de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, que se está tramitando actualmente. En estos terrenos, únicamente se puede edificar una casa por cada 100 hectáreas, pero los dueños están vallando estos suelos protegidos y construyendo viviendas. Ecologistas ha solicitado a la Junta que ejerza su derecho de tanteo y retracto sobre estos solares para paralizar las construcciones.

“Estas vallas han desalojado a muchas de las abutardas que habitaban aquella zona y ya no hay marcha atrás”, dice Ramos Duro.

En Ecologistas están convencidos de que estas actuaciones son competencia de la jurisdicción penal. “El Código Penal dice que será delito ecológico la construcción en espacio protegido y esta ZEPA lo es”, añade el portavoz ecologista.

De hecho, algunos vecinos de Sierra de Fuentes han solicitado segregar sus terrenos de la ZEPA. “Estas personas están mal informadas pues, aparte de la ZEPA, esos terrenos están considerados de especial protección, por lo que la separación no legalizaría sus construcciones, e igualmente necesitaría la autorización de la Comisión Regional de Urbanismo”, explica Ramos.

Los ecologistas también reclaman al Seprona que expediente a los técnicos y superiores que realicen dejación de funciones en sus labores. “Uno de los demandados en Sierra de Fuentes es un guarda forestal, lo que es aún más grave por el ejemplo que da”, protesta Pablo Ramos.

Los problemas generados por este urbanismo desordenado e ilegal son múltiples. Desde la contaminación de acuíferos, como el lago de la Proserpina, en Mérida, hasta la construcción de viviendas sin que intervenga ningún arquitecto, con el correspondiente peligro de derrumbe.

“En Almendralejo, igual que en otros municipios, se han levantado unas 2.000 casas en terrenos no urbanizables”, cuenta el portavoz ecologista. La permisividad de los ayuntamientos llega hasta el punto de que dejan pasar los cinco años de prescripción de este delito y entonces legalizan las urbanizaciones para poder darles servicios municipales y cobrar los correspondientes impuestos.

Los Ecologistas exigen la reparación del daño causado, siendo lo más urgente la demolición de las viviendas y vallados ilegales.