Se necesitan 50.000 viviendas para cubrir la demanda actual de Etxebide

Garbiñe Esteban.

Bilbao

Desde enero de 2002 hasta marzo de 2004, el Registro de Vivienda Protegida del Gobierno vasco, Etxebide, ha gestionado 41.079 bajas, 1.579 de ellas voluntarias, “con lo que en dos años y medio, todas estas personas han adquirido una vivienda, bien de mercado libre o la mayoría de ellas al ser adjudicatarios de VPO”.

Cambio de política.- Según el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, su departamento está dando numerosas facilidades a los ciudadanos vascos para que se puedan inscribir en Etxebide, ya que desde la entrada de EB-IU en la Consejería se ha abierto el registro de forma permanente, mientras que anteriormente sólo se recogían solicitudes coincidiendo con las promociones de VPO.

Madrazo ha indicado que de las 77.000 solicitudes registradas en Etxebide cuando EB-IU se hizo cargo de la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales, en la actualidad hay contabilizadas 68.812, “como consecuencia del incremento sustancial de la construcción de VPO, que ha permitido iniciar en los tres últimos años más de 16.000 viviendas de protección oficial nuevas en la comunidad autónoma”.

De las 68.812 solicitudes registradas en Etxebide, unas 20.000 corresponden a parejas que presentan solicitud por separado, “por lo que hay que dar respuesta concreta en los próximos años a 50.000 unidades de VPO”, asegura Madrazo.

El año pasado, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales cubrió “las necesidades de 8.600 solicitudes a través de la construcción de VPO, alquiler de vivienda vacía o subvenciones para la adquisición de vivienda libre usada”, explica el consejero.

No obstante, Madrazo considera necesario “alcanzar la cobertura de 10.000 solicitudes anuales, para dar respuesta en un plazo breve de tiempo a los 50.000 demandantes actuales”, así como para cubrir “necesidades venideras”.

Recordando que, en la actualidad, de cada 100 viviendas que se construyen en el País Vasco, 38 son de protección oficial, Madrazo afirma con rotundidad que el problema de la vivienda en esta comunidad autónoma “tiene solución”, aunque para ello cree necesario que se den varias condiciones.

Es el caso de la necesidad de aprobar las disposiciones normativas necesarias para calificar superficies de suelo para pisos sociales, como son los planes territoriales parciales y la Ley del Suelo, donde, según el consejero, se exige a los ayuntamientos de más de 2.000 habitantes la obligatoriedad de reservar suelo para vivienda protegida, cuando anteriormente este requisito sólo se exigía a localidades de más de 7.000 habitantes.

Además, Madrazo considera necesario que el Gobierno vasco siga dotando de presupuesto a la Consejería de Vivienda para dar cobertura a las necesidades actuales. En este sentido, destaca que “cuando llegamos al Gobierno había 83 millones de euros de presupuesto para vivienda, y en 2003 se han destinado 144 millones”.

Por otro lado, el consejero apunta la necesidad de que los ejecutivos locales asuman un “compromiso decidido” para solucionar el problema de la vivienda, dedicando los recursos económicos obtenidos por aprovechamientos urbanísticos a la edificación de promociones protegidas.

También apuesta por hacer un uso eficiente de los recursos, “ejecutando los presupuestos asignados para la construcción de pisos protegidos”, así como incentivar a los promotores privados, “facilitando su trabajo y la obtención de una rentabilidad razonable”.