Los ayuntamientos podrán vender suelo para financiar proyectos sociales

El director de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, Javier Arribas, ha señalado, en la presentación de la nueva normativa, que "la gestión de patrimonio público de suelo debe hacerse a través de los principios de gestión en favor del interés social". Arribas ha añadido que "una interpretación restrictiva de estos principios que de lugar a que la gestión del suelo sólo sirva para la generación de más patrimonio, no nos parece la solución más idónea". El director general de Urbanismo también ha puesto de manifiesto el desacuerdo del Ejecutivo autonómico con la actual Ley de Urbanismo del Estado, ya que "no se entiende que no se pueda vender suelo para hacer obras e inversiones que resulten más necesarias en otro sitio, porque eso va en contra de los principios de racionalidad". El reglamento que desarrolla la Ley de Urbanismo de Castilla y León faculta a los ayuntamientos para tomar decisiones en numerosos casos. Los municipios castellanoleoneses tendrán potestad para la adopción de medidas en materias que son de su competencia y también en las que, hasta ahora, existía una normativa estricta de la ley regional o nacional. En cuanto al porcentaje obligatorio de suelo urbanizable que se debe destinar a viviendas protegidas, la norma pendiente de aprobación establece un mínimo del 10% y un máximo del 50%, dejando a las administraciones locales que fijen esta cantidad según las necesidades de cada municipio, y siguiendo sus propios criterios. En la modificación de la Ley se incluye la obligación por parte de los ayuntamientos de elaborar un informe anual, que deberán publicar en el primer trimestre de cada año, en el que se recoja toda la actividad relacionada con la gestión de patrimonio público del suelo del año anterior. El documento incluirá los planes desarrollados, las viviendas protegidas iniciadas y el balance de compras y ventas de suelo llevadas a cabo. El director general de Urbanismo espera que el Consejo de Estado, que actualmente está examinando el texto del reglamento, de el visto bueno a su propuesta antes de Navidad.