La liberalización del suelo no incidirá en el precio de la vivienda valenciana

Mayte Pozuelo
Valencia

La problemática del crecimiento del precio de la vivienda ha llevado al candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, a abogar por aplicar una política de mayor liberalización del suelo para abaratarlo y con ello moderar el precio de la vivienda.
Para que la puesta de más suelo en el mercado pudiera incidir en el precio de la vivienda, la Comunidad Valenciana debería disponer anualmente en torno a 15 millones de metros cuadrados para poder construir. El objetivo que para esta legislatura se ha marcado la Consejería de Territorio y Vivienda es el de colocar en el mercado 12 millones de metros cuadrados para viviendas de protección oficial, a razón, aproximadamente, de tres millones de metros cuadrados anuales.

Ritmo desenfrenado.- De todas formas, la realidad es que en los últimos años en la región se ha construido como nunca, a un ritmo de alrededor de 70.000 viviendas anuales (gracias a la situación del mercado y a las facilidades que ofrece la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), pero no se ha logrado rebajar el precio de los pisos, sino todo lo contrario. De hecho, desde 1992 al año 2000, el precio medio del metro cuadrado en la Comunidad Valenciana se dobló, pasando de 591,85 euros a 1.226,50, según los datos de la Consejería de Territorio y Vivienda. Según los datos del Ministerio de Fomento, el año pasado, por ejemplo, la media de incremento fue entorno al 18%.
Se ha puesto en el mercado más suelo, pero la coyuntura económica ha empujado a los inversores a fijarse en los créditos de los inmuebles. A ello hay que unirle los bajos tipos de interés existentes.
En este sentido, por ejemplo, en el municipio valenciano de Paterna se ha desarrollado en la última legislatura alrededor de 1,1 millones de metros cuadrados para nuevas promociones que crecen junto a la pista de Ademuz. Esta localidad todavía tiene en reserva 650.000 metros cuadrados para desarrollar, aunque el tema no quedará ahí, ya que se pretende revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El municipio de Torrente, en el interior de la provincia de Valencia, ha sido otro ejemplo de despegue. El año pasado se construyeron 900 viviendas nuevas y 3.300 en el transcurso de la última legislatura. Para los próximos cuatro ejercicios se prevé la construcción de 1.000 viviendas, a las que se sumarán otras 2.600 en la zona denominada Parque Central, un desarrollo urbanístico de 260.000 metros cuadrados.
El urbanismo de la población de Denia, en la costa alicantina, está paralizado judicialmente, pero en los municipios de Javea, situado en la costa de Alicante, Tavernes de Valldigna, en la provincia de Valencia, y Sagunto, al norte de la provincia de Valencia, se tramita el desarrollo de 500.000, 460.000 y dos millones de metros cuadrados, respectivamente.
Por su parte, el presidente de la Federación de Promotores y Constructores de la Comunidad Valenciana, Juan Bautista Soler, se alegra de la propuesta liberalizadora de suelo del PP. “Estoy totalmente de acuerdo, y la política de la Generalitat valenciana va en ese sentido”, ha dicho Soler.
Además, el presidente de la Federación de Promotores y Constructores de la Comunidad Valenciana añade que la revisión de la Ley de Ordenación del Territorio “pretende determinar dónde se puede construir y lo que hay que proteger y eso es muy positivo, porque, además de constructor, soy ciudadano y me gusta disfrutar de la costa y de la montaña de la Comunidad Valenciana”.