La moratoria urbanística de Mallorca se levantará en un 90% antes de fin de año

Carmen Arriola
Palma de Mallorca

La enmienda conjunta presentada por el Partido Popular y Unió Mallorquina a la reforma de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) y que amplía en un año el plazo para la aprobación definitiva del Plan Territorial de Mallorca tendrá dos consecuencias inmediatas para Mallorca. Por un lado, se levantará la moratoria de plurifamiliares en Palma y la costa, y, por el otro, se garantizará la protección del resto de territorio no afectado por el plan.
El Consell tiene previsto aprobar inicialmente el Plan Territorial “en octubre o noviembre”, según el vicepresidente de la institución insular, Miquel Nadal. Eso quiere decir que, como mucho, a final de año dejará de estar vigente la moratoria que afecta a la construcción de pisos plurifamiliares en suelo urbano.
No ocurrirá lo mismo en otras zonas de Mallorca, para las que se prevé su protección definitiva. Por ello, Nadal ha precisado que la iniciativa de ampliar un año más el plazo para la aprobación definitiva del Plan Territorial pretende que estas zonas no queden desprotegidas si no da tiempo a que la aprobación se produzca antes de abril de 2004.
Una vez aprobado el plan de manera inicial, el texto deberá ser sometido a exposición pública “durante dos meses, aproximadamente”, con el fin de que se puedan presentar alegaciones.
“Si sólo hay diez alegaciones se resolverán rápidamente, pero si se presentan muchas, tardará más tiempo”, ha explicado Nadal. El Plan Territorial prevé, al igual que las DOT, un crecimiento del 3% global, es decir, que habrá municipios que puedan crecer más y otros menos, por lo que se espera una gran cantidad de alegaciones de quienes se sientan perjudicados.
La ampliación en un año más para la aprobación definitiva del plan se realizará a través de una enmienda de Unió Mallorquina al proyecto de ley del Gobierno sobre las DOT.

Precedentes.- El Consell de Mallorca puso en marcha en 2001 una moratoria que afectaba únicamente a la mayor de las Islas Baleares, suspendiendo la concesión de licencias de obras en todo la isla con el fin de proteger el territorio y frenar el crecimiento urbanístico.
La decisión del Consell contemplaba una serie de excepciones que afectaron a la rehabilitación de pisos, la modernización hotelera a través del intercambio de plazas nuevas por obsoletas, los equipamientos públicos, como colegios, polideportivos, centros sanitarios, etcétera, los inmuebles comerciales e industriales, las viviendas unifamiliares y, después de varias negociaciones, también a las viviendas de protección oficial.
Con ello, la institución insular impedía la construcción de bloques de viviendas, chalés adosados y pareados, y de apartamentos turísticos. También los hoteles de cinco estrellas, no sujetos al intercambio de plazas, se vieron afectados entonces por la nueva moratoria urbanística.