Las constructoras defienden que el sector no es el culpable de la crisis

Sáenz de Cosculluela ha participado en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD, sobre el sector de la construcción, en el que si bien reconoció que "un subsector del subsector" (en referencia algunas actividades de construcción de vivienda) sí ha hecho presión, pero "si algo se desmanda es porque el poder público no ejerce". El ex-ministro ha indicado que los ayuntamientos se han visto condenados "a una insuficiencia presupuestaria insufrible" y han visto en las tasas por obras "su fuente de financiación", por lo que han recurrido a modificaciones de los planes urbanísticos para permitir la construcción. Pero todo este proceso, ha dicho, "no ha sido culpa del constructor".

El director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, ha indicado que el aumento de la construcción se produjo como respuesta a "un fuerte incremento de la demanda" de vivienda, aunque también ha llevado a "una excesiva construcción en ninguna parte". Asimismo, durante su discurso ha afirmado que "la culpa ha sido de la política monetaria". En cualquier caso, ha apostado por "dar salida" al stock de viviendas bajando los precios y ha calculado en entre 300.000 y 350.000 las casas que la economía española debería construir cada año.

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Agustín Hernández, ha afirmado que el sector de la construcción "ha respondido al entorno", en el que el dinero era barato, y ahora, ha recetado hacer una "reflexión" y ajustar iniciativa pública y privada a la realidad. "No por eso el futuro es dramático", ha dicho.

El presidente de Aerco reprochó que se eche la culpa de la crisis al sector de la construcción cuando existen "17 leyes de suelo" y una "incapacidad" para controlar el gasto público, al que contribuyen las televisiones públicas y otros organismos autonómicos. Sin embargo, ha defendido la necesidad que tiene España de hacer inversiones públicas productivas. España, ha dicho el presidente de los constructores de obra pública, no tiene capacidad para hacer política económica, "la impone la Comunidad Europea", que "carece de liderazgo" y que está "en manos de una clase funcionarial que ha desvalorizado el proyecto europeo". En cualquier caso, ha augurado unos "20 ó 24 meses bastante duros" y ha considerado una "obligación moral" de los partidos mayoritarios llegar a un acuerdo.

En relación con la colaboración público-privada para la construcción de infraestructuras, Sáenz de Cosculluela ha admitido que es una vía adecuada para un contexto de crisis como el actual, pero no como un modelo "crónico".