Gobierno central, Comunidad y ayuntamientos suscriben convenios para construir y rehabilitar viviendas

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, ha presidido la firma de varios acuerdos entre el consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente; la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, y los alcaldes de diversos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. Dichos acuerdos se centran en las áreas de urbanización prioritaria de Arco Sur y el Polígono Sur de Teruel; en el aumento de actuaciones en varias Areas de Rehabilitación Integral (ARIs); la erradicación del chabolismo en Zaragoza así como la construcción en la capital de la Comunidad Autónoma de un centro dotado con 80 alojamientos protegidos para colectivos desfavorecidos en el Barrio de Las Fuentes.

En el transcurso del acto la consejera de Presidencia ha subrayado la importancia de los convenios firmados hoy “porque evidenciamos que cuando colaboramos las instituciones y nos marcamos objetivos comunes, el que sale beneficiado es el ciudadano”.

El consejero Alfonso Vicente, ha señalado que “la firma de este convenio va a garantizar durante el año 2010 y sucesivos años los objetivos que son prioritarios para el Gobierno como con el alquiler, la rehabilitación y las Áreas de Urbanización Prioritaria”.

Gobierno de Aragón y Secretaría de Vivienda pactaron igualmente un reajuste al alza de las actuaciones, respaldadas con ayudas. Ambas administraciones acordaron una revisión de los objetivos pactados para priorizar las líneas más demandadas en nuestra Comunidad.

En el incremento de las actuaciones integradas en el Plan de Vivienda 2009-2012 destaca las 435 actuaciones en ARIs (antes 110) o las ayudas a inquilinos en el caso de la vivienda de alquiler, que pasan de 440 a 2.000, con la salvedad que de esta cuantía 1.000 son financiadas por el Gobierno de Aragón. Asimismo, se garantiza la financiación comprometida en áreas de urbanización prioritaria en anteriores comisiones bilaterales.

De esta forma se consiguen cuatro objetivos fundamentales: aumentar las ayudas directas al comprador de VPA en el último año de su vigencia; prolongar la rehabilitación de viviendas en cascos históricos de algunas cabeceras de comarca; impulsar el alquiler con más posibilidades de ayudas a los inquilinos; y garantizar el apoyo público a los procesos de urbanización iniciados y que, pese al complejo escenario económico, cuentan con el compromiso de operadores privados que están invirtiendo y, por tanto, arriesgando sus recursos.