David Negueruela

El sector inmobiliario en general y el del suelo en particular, atraviesan momentos delicados, muy delicados, y lo que es peor, nadie quiere ir en su auxilio. Un sector que ha posicionado a la economía española a la cabeza de Europa, que nos ha hecho crecer a ritmos que no llegamos ni a intuir, situando a las entidades financieras en lugares de privilegio... Se ve ahora, demostrado por todos, que nadie quiere salvar nada. Necesitamos medidas con urgencia.

Muchas circunstancias nos han llevado a la situación actual. En primer lugar, la nueva Ley de Suelo, que ha estrangulado las valoraciones-tasaciones de los activos presentes y de los de posible adquisición, paralizando cualquier interés en la compra de futuros desarrollos urbanísticos. También han contribuido en este proceso los altos tipos de interés, ya que en el sector privado limitan sobremanera la futura capacidad de endeudamiento, cerrando el consumo y por consiguiente la adquisición de nuevas viviendas.

Es evidente que el sobre stock de la oferta del mercado ha sido otro de los puntos clave en la coyuntura actual, motivado por las iniciativas de muchos promotores que en su día se lanzaron a sobresaturar el mercado con viviendas de calidad media y con situaciones no recomendables; a esto se une las promesas de miles de viviendas de protección pública, que hacen que el cliente no quiera adquirir una normal, si le ofrecen miles a una cuarta parte de su precio. Tampoco podemos olvidar que la crisis de liquidez ha endurecido cualquier tipo de préstamos destinados al suelo o promotores. Los administradores nos transmiten sensación de tranquilidad y de poder atajar los efectos que todo lo anterior está creando, aunque se ha generado una crisis de confianza.

Todas estas circunstancias y alguna más han creado una situación circular que para todos se nos antoja complicada. Los ciudadanos no tienen dinero, luego no compran viviendas; las promotoras no venden unidades residenciales, luego no comienzan nuevas promociones y no adquieren suelo nuevo, obteniendo resultados negativos, reduciendo beneficios y además realizando expedientes de regularización de empleo. Todo lo anterior provoca pérdida de confianza en el sistema económico disminuyendo así el dinero de circulación.

A nadie le interesa esto, pero las soluciones han de ser fáciles y proyectadas desde una perspectiva global, ya que cualquier solución individual está destinada al fracaso. ¿Cuáles son estas soluciones?. En primer lugar, es necesaria una revisión de la Ley de Suelo como una medida absolutamente necesaria, con concreciones de singular importancia como la necesaria obligación de la obtención de financiación en el momento puntual de la inscripción en el registro del proyecto de reparcelación. Asimismo, la aceleración y agilidad en los distintos trámites que delimitan los procesos de transformación del suelo de rústico a urbano sería recomendable para ayudar a superar esta situación. Sería importante orquestar un cambio en el proceso de valoraciones-tasaciones para ajustar el binomio precio-momento del suelo en relación a la situación urbanística en que se encuentre en cada instante, realizar una legislación medioambiental moderna y adaptada a las necesidades actuales de nuestra realidad urbanística y modificar las financiaciones municipales.

Si a estos cambios les añadimos medidas de carácter financiero fiscal, una mayor flexibilidad para la compra de suelo rústico y que además, la Administración comprenda que la no liberalización del suelo produce un encarecimiento final de las viviendas, entonces podremos empezar a vislumbrar la luz al final del túnel en el que nos encontramos inmersos.