José María Mollinedo

Las denuncias sobre las bolsas de fraude fiscal de España y el debate en torno a las operaciones opacas con billetes de 500 euros han llevado a la Agencia Tributaria (AEAT) a centrar sus comunicaciones en los esfuerzos realizados para controlar las actividades vinculadas al sector inmobiliario. Sin embargo, este año la AEAT no ha invertido más recursos en la inspección, sino que ha destinado buena parte de los técnicos de Hacienda y de los inspectores que investigaban fraudes en otras actividades.
La Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (LMPFF) que entró en vigor hace un año no ha atajado las dos grandes bolsas de fraude existentes: las operaciones de compraventa de empresas inmobiliarias, promotoras y constructoras y las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales.
En la actualidad, seguimos ejerciendo de forma masiva un control mayor sobre los incumplimientos fiscales derivados de los asalariados, pensionistas y microempresarios, donde el fraude es más común y voluminoso, en lugar de concentrar las investigaciones en los principales focos de dinero negro. En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB, lo que supone un montante de 207.000 millones de euros.
La Agencia Tributaria no ha sabido aprovechar la “sensibilidad” generada en la sociedad española con motivo de esta ley para desplazar estas actuaciones masivas hacia las mayores bolsas de fraude. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa una pérdida de 8.600 millones de euros anuales para el Tesoro Público.
Los técnicos de Hacienda abogamos por desplazar el peso de las actuaciones de la AEAT para centrarlas en mayor medida en los sectores donde el fraude es habitual. Por ello, consideramos “prioritario” que sus esfuerzos a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales a través de la adopción de medidas organizativas y fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.
Por este motivo, resulta paradójico que la Agencia Tributaria destine a 2.200 técnicos a los microempresarios y limite a 1.500 el número de técnicos que investigan a pensionistas y asalariados, cuando una buena parte de este colectivo se podría centrar en las actividades relacionadas con el desarrollo urbanístico. Resulta más fácil controlar la renta derivada del trabajo que las grandes bolsas de fraude y esto explica que haya tantos técnicos destinados a estas tareas, mientras que sólo existen 880 inspectores que controlan a las promotoras y constructoras, que es la actividad que más defrauda y donde más dinero negro circula.
Para que se puedan cumplir todas las medidas contempladas en la LMPFF, consideramos “imprescindible” que el vicepresidente Solbes autorice a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda que asuman las responsabilidades de su aplicación efectiva y reduzcan la economía sumergida y el fraude fiscal, además de mejorar el control del gasto público y de las subvenciones.
Con este reconocimiento profesional y un plan eficaz de lucha contra el fraude, la AEAT podría reducir las bolsas de fraude y la economía sumergida en España en diez puntos porcentuales, hasta situarse en niveles similares a los países de la Unión Europea.