El Ayuntamiento de Lugo aprueba la normativa de inspección de edificios

Marisa Prado
Lugo

El Ayuntamiento de Lugo ha aprobado la nueva norma de Inspección Técnica de Edificios (ITE), que obligará a los propietarios de los inmuebles a pasar una revisión técnica, una vez que se cumplan 30 años desde el momento en que se construyó y, a partir de esa fecha, cada diez años tendrán que someterse a nuevas inspecciones para garantizar el buen estado del mismo.

Los plazos.- Estos plazos en cuanto a lo que se refiere a los edificios que se sitúan en suelo urbano no catalogado como protegido; pero si la edificación se levanta en suelo urbano afectado por el Plan Especial de Protección del Recinto Histórico, la ITV deberá pasarse a los quince años de su construcción.
La normativa entrará en vigor el próximo año y la inspección la realizará un técnico que no tenga ninguna vinculación con la empresa constructora.
El objetivo que persigue esta medida es el de conseguir un parque de viviendas seguro y, sobre todo, prever las situaciones de ruina antes de que se produzcan. Para conseguirlo, el departamento de Urbanismo del Consistorio comenzará por poner en marcha un censo de edificios para controlar el parque inmobiliario del municipio. Una vez que finalice este trámite, el siguiente paso, que se realizará en el plazo máximo de quince meses, es el comienzo de las inspecciones, que se centrarán en un primer momento en los edificios catalogados e inventariados.
Los siguientes inmuebles que deberán pasar por el tamiz de las inspecciones serán todos aquellos que se encuentran ubicados en el casco histórico de la ciudad, pero que no se han incluido dentro de la anterior categoría y que tengan una antigüedad superior a los diez años. Los análisis se llevarían a cabo a lo largo de los años 2005 y 2006.
Siguiendo el calendario diseñado por los responsables municipales, el ejercicio 2006 sería el del comienzo del control del conjunto de edificaciones construidas antes de 1940. Al año siguiente se acometería el estudio arquitectónico de las viviendas levantadas entre 1952 y 1958, mientras que en el año 2008, las inspecciones se centrarán en todos los inmuebles levantados entre 1959 y 1965.
Por su parte, los edificios públicos tendrá que pasar de manera obligatoria estos controles, a pesar de que en un principio no estaba recogida tal medida en la ordenanza municipal.
En el documento se recogen de forma pormenorizada los parámetros que deben cumplirse a la hora de vigilar el estado del edificio. Así, se establecen las condiciones de seguridad del inmueble, las condiciones higiénicas, los pasos que deben seguirse a la hora de conservar y rehabilitar cada vivienda, cómo deben cuidarse las fachadas, además de regular el sistema sancionador para los propietarios que no cumplan estos puntos.
Uno de los objetivos que busca esta iniciativa es conseguir que los vecinos se familiaricen con la idea de que "el inmueble no tiene sólo una parte que da al interior, sino que también tiene otra pública, que debe ser cuidada de la misma forma que se hace con la primera, y mantenerla en condiciones aceptables", según explican los responsables del Consistorio lucense.

El objetivo.- Con la idea se pretende, en definitiva, facilitar la implicación de los ciudadanos, a través de las asociaciones de vecinos, en la conservación de su barrio. Para ello, una de las novedades que contempla la nueva normativa municipal es la posibilidad de que personas ajenas al inmueble correspondiente puedean acceder a los expedientes, lo que permitirá que las asociaciones de vecinos también puedan hacerlo para ayudar a detectar situaciones de riesgo de algunos edificios que se sitúan en su barrio.
Otro de los puntos clave que presenta el documento, aprobado con el consenso de los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento -BNG, PSOE y PP-, es que el mayor control inmobiliario que se realizará repercutirá, no sólo en la rehabilitación de las fachadas, sino también en cómo se lleva a cabo la misma.
De esta forma, desde el municipio han contactado con promotores, constructores, asociaciones de vecinos y colegios profesionales para aprobar una normativa con la que se pretende mejorar la situación de los edificios de Lugo.