La nueva Ley de la Subcontratación une a empresas y sindicatos contra la siniestralidad

El sector de la construcción vive con la vergüenza de ser el que más siniestralidad laboral presenta, con diferencias abrumadoras. Las medidas adoptadas durante los últimos años, han atenuado algo la situación, pero parece que no lo suficiente. Aunque en número totales el sector servicios presenta mayor mortalidad, en números relativos la construcción casi dobla al segundo en esta macabra clasificación: el sector industrial. El número de accidentes mortales por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social en 2006 fue de 15,3 en la construcción, frente al 8,6 de la industria. Ambos superan a la media de todos los sectores, que fue de 6,1, según los datos del Ministerio de Trabajo.
¿A qué se deben estos niveles? Evidentemente y tal y como recuerda Juan Fernando Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, la siniestralidad está relacionada con el hecho de que la construcción es "un sector de riesgo objetivo". Además, Lazcano también enumera otras posibles causas, como "la movilidad geográfica de la actividad, la condición de prototipos de casi todos los proyectos que se acometen y la naturaleza de muchos de los trabajos en altura, con maquinaria pesada o con materiales de peso y volumen". Para Raul Pérez Mozota, gerente del Área de Coordinación de Seguridad y Salud de Certum, empresa especializada en servicios técnicos para el sector de la construcción, también tienen mucho que ver "la falta de cultura preventiva de todos los intervinientes implicados en el proceso constructivo de una obra", así como "la falta de formación en materia preventiva, falta de profesionalidad y de la integración de la prevención en la producción".

Nueva normativa.- Ante esta situación, tanto patronal como sindicatos están poniendo en marcha, con el apoyo de la Administración, nuevas medidas que se espera que sirvan para mejorar las cosas. Fruto de esta colaboración nace la Ley de Subcontratación, que regulará esta práctica en el sector, así como la nueva Tarjeta Profesional de la Construcción. Según Juan Fernando Lazcano, la nueva normativa "tiene como uno de sus principales objetivos reducir los accidentes en el sector". El representante patronal afirma que la Ley de Subcontratación en la Construcción ordenará esta práctica "de modo que no haya actuaciones irregulares que permitan a algunos agentes no deseados competir en desigualdad de condiciones por abuso de la subcontratación de mano de obra, generando a menudo riesgos innecesarios para la seguridad y salud en el trabajo".
Desde el punto de vista de los sindicatos, que también han colaborado en la elaboración de la nueva ley, esta se hacía absolutamente necesaria en un sector verdaderamente afectado por la siniestralidad laboral. Según Marisa Rufino, responsable de sanidad de UGT, "el índice de incidencia de los accidentes en la construcción es de 131, lo que significa que trece de cada 100 trabajadores se accidentan".
El sindicato ha establecido un perfil medio del trabajador accidentado: en su mayoría son jóvenes, con escasa cualificación (el 49% albañiles, peones y otros operarios), sin antigüedad en la empresa (el 36,4% menos de seis meses), con contrato temporal (el 66,7%), de mediana o pequeña empresa (el 64%) y pertenecen a una subcontrata (el 65,22% de los accidentados).
Según las investigaciones llevadas a cabo por UGT en los accidentes laborales ocurridos en el sector en Madrid, las causas principales de la siniestralidad son la ausencia de medidas preventivas en los puestos de trabajo (en prácticamente el 100% de los accidentes investigados, según un informe elaborado por el sindicato), mientras que la forma más frecuente de los accidentes son las caídas en altura (un 36%) y el atrapamiento por o entre objetos (un 25%), por los que las medidas preventivas habrían evitado la mayor parte de los fallecimientos.
La nueva Ley de Subcontratación en el Sector de la Construcción establece entornos en los que se intenta garantizar una mayor seguridad para los trabajadores. En primer lugar ayudará a terminar con la falta de formación que es una de las principales causas de la siniestralidad, según Marisa Rufiuno. Además limita la cadena de subcontratación. "El actual maremagnum de subcontratas se va a eliminar, la nueva ley la limita a tres niveles la cadena: sólo podrá haber tres empresas subcontratas actuando en una misma obra", señala la responsable de Sanidad de UGT. Además, los autónomos no podrán, como hacían hasta ahora, subcontratar. Otro de los puntos destacados por Marisa Rufino es la respuesta "solidaria" de todas las empresas implicadas ante una sanción: "todas las empresas responderán de manera solidaria cuando se produzca una sanción grave o muy grave en materia de prevención", indica Rufino. Además, la nueva ley "promociona la estabilidad en el empleo", obligando a que un mínimo del 30% de la plantilla actuante de la empresa en la obra tendrá que tener contrato indefinido. Esta obligatoriedad se establecerá en tres plazos: habrá que llegar al 10% en octubre de 2008, llegar al 20% antes de abril de 2010 y alcanzar el 30% obligatorio a partir de esa fecha. "Esto frenará la temporalidad del empleo", destaca Rufino, que señala también la poca estabilidad mayoritaria del empleo en este sector.
Por último, la nueva normativa acabará también con el caos "de empresas, que nosotros llamamos piratas o pistoleros, que se crean hoy y desaparecen mañana", según Rufino. A través del requisito de solvencia y de calidad empresarial, esto no será posible, ya que se exigirá a las empresas que acrediten "que poseen una infraestructura y medios adecuados y que tienen recursos suficientes, tanto humanos como productivos, con la formación necesaria para desempeñar ese trabajo en el caso de los primeros", en palabras de la responsable de Sanidad de UGT. Además, tendrán que estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas, cuya creación será competencia de las comunidades autónomas. Ninguna empresa que no esté acreditada podrá trabajar en la construcción, con lo que se conseguirá, en opinión de Marisa Rufino, "un control más exhaustivo de las empresas contratistas y subcontratistas que trabajan en este sector, porque van a tener que aportar todos los documentos que demuestren que disponen de esa infraestructura que he mencionado antes". El registro será público y único, ya que aunque se haga a través de la comunidad autónoma, tendrá validez nacional por un periodo de tres años renovable.
Las empresas tendrán la obligación de crear un libro de subcontratas en cada obra que siempre tendrá que estar actualizado. El libro se exigirá a partir de este mismo mes y será obligatorio a partir del 29 de noviembre, aunque en la Comunidad de Madrid no se ha hecho público ni el registro de empresas subcontratas ni el modelo de este libro, por lo que los sindicatos temen que, al igual que ha pasado con otras leyes de ámbito nacional, la Comunidad presidida por Esperanza Aguirre bloquee también la aplicación de esta nueva normativa impulsada por el Gobierno central, con el que Aguirre está en constante enfrentamiento.
Otra de las novedades fundamentales que aportará la nueva legislación será la necesidad para los trabajadores del sector de contar con una Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC). Esta tarjeta acreditará la formación de los trabajadores y su preparación en temas como la prevención de riesgos laborales. Ahora, la Fundación Laboral de la Construcción, que será la encargada de expedir este documento, tiene hasta 2012 para formar a los cientos de miles de trabajadores del sector, ya que este año la tarjeta será obligatoria para todos ellos. La implantación de la TPC está trayendo algunos problemas. Tomás Martínez, secretario general de la Federación del Metal y la Construcción de UGT, habla, por ejemplo, de "sectores que trabajan en la construcción, sin pertenecer al sector, como fontaneros y electricistas; para poder acceder y trabajar en la obra también será necesario que tengan esta tarjeta".
Según todos los implicados en el sector, la nueva normativa supondrá un avance en la lucha contra la siniestralidad. Para Raúl Pérez Mozota, de Certum, la TPC "es algo que el sector viene reclamando desde hace tiempo, y ahora se está a tiempo de que su implantación y utilización sea lógica y no se convierta en un simple trámite documental, como algunos documentos en materia preventiva".