Jesús Sacho Rof

Desde hace algunos años, Asociación de Constructoras de Obra Pública (AERCO) viene advirtiendo a las Administraciones públicas, principalmente al Ministerio de Fomento de los problemas que acarrean los voluminosos descuentos que las empresas contratistas presentan en concursos y subastas.
Una lectura apresurada y poco reflexiva sobre este asunto podrá inducirnos a pensar que la ampliación de los descuentos en las ofertas supone un ahorro para el Estado, que así podrá destinar esos recursos sobrantes a nuevas inversiones. La experiencia nos dice que eso no es así. Ya denunció el Tribunal de Cuentas respecto del I Plan Nacional de Carreteras que una baja media del 20% se convirtió luego en un gasto superior al 30%.
Un concurso o una subasta en el que las empresas presentan precios muy por debajo del tipo de referencia (la media de las bajas está en el 30%, habiendo llegado en algunas ocasiones hasta el 50%) pone sobre el tapete una doble cuestión: o bien se ha producido un error en el diseño del pliego por parte de los técnicos, al licitar una obra que podría hacerse por menos importe (supuesto poco probable), o bien estamos ante un intento de las empresas por ganar carga de trabajo a toda costa.
Sea cual sea el supuesto ante el que nos hallemos, el resultado viene a ser el mismo, y siempre malo. Por aquello de que nadie da duros por pesetas, suele ser normal que una obra adjudicada a un precio muy por debajo del precio base de licitación no se inicie hasta que la empresa adjudicataria no logre la aprobación de los correspondientes modificados y recupere así los márgenes que perdió en el concurso.
Cuando llegamos a esta situación, más que ante bajas temerarias, nos encontramos ante adjudicaciones temerarias que minan el propio sistema de licitación, otorgando una ventaja adicional a aquellas empresas que renuncian al rigor y a la profesionalidad a la hora de diseñar las estructuras de costes asociadas a los proyectos por los que optan. Y además, como se ve, ni las Administraciones Públicas ni los ciudadanos salen ganando.
Con el fin de solucionar este problema, AERCO ha elevado al Ministerio de Fomento una propuesta para limitar las bajas de adjudicación en las licitaciones de obra por el procedimiento abierto. La propuesta, en lo que se refiere a los concursos públicos, supondría reducir el umbral de presunción de temeridad que se establece en los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares, actualmente en la baja de referencia más cuatro puntos, a la baja de referencia más un punto.
Simulaciones realizadas por AERCO bajo esta fórmula demuestran que el número de las ofertas presuntamente incursas en temeridad se amplía, lo que tendría un efecto directo en la moderación de las bajas de las ofertas presentadas a los concursos públicos. Para las subastas públicas, la Asociación propone la aplicación generalizada del punto quinto del artículo 85 de reglamento vigente, en el sentido de reducir un tercio las diez unidades porcentuales a que hace referencia el punto cuarto del mencionado artículo.
Esperemos, pues, que esta propuesta salga adelante con prontitud y corrija este grave problema que viene padeciendo el sector y del que son víctimas tanto la Administración como las empresas. El hecho de que en la necesidad de esta iniciativa coincidamos AERCO, SEOPAN y ANCI, las asociaciones empresariales mayoritarias del sector, demuestra que nos hallamos ante una cuestión crucial para el buen desenvolvimiento del sector y la culminación de los importantes retos que España tiene planteados en materia de grandes infraestructuras.