BALEARES.- 13/09/2007 El Gobierno invertirá´40 millones para adquirir fincas en el litoral

El objetivo de las adquisiciones es declarar las fincas compradas como de Dominio Público Marítimo-Terrestre. Miguel Ángel Grimalt detalló que, actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente y el Govern están estudiando conjuntamente la posibilidad de comprar diez fincas, para lo cual, están intentando llegar a acuerdos amistosos con sus propietarios para adquirirlas a precios "razonables".
El conseller señaló que, en caso de que no sea posible lograr un acuerdo con los dueños de estos terrenos, el Ejecutivo central puede recurrir a la expropiación de las fincas, siempre y cuando el Consejo de Ministros apruebe la inclusión de las mismas en el Dominio Público Marítimo-Terrestre.
Grimalt, que precisó que parte de los 40 millones de euros comprometidos por el Ministerio pueden ser destinados a obras de mejora del litoral balear, indicó que el objetivo del Gobierno balear es gestionar directamente las fincas adquiridas o expropiadas, aunque reconoció que aún no se ha logrado ningún acuerdo al respecto. Así, consideró que la administración autonómica gestionaría "mejor" estos terrenos, pese a que recordó que corresponde a Medio Ambiente el control de aquellas áreas que forman parte del Dominio Público Marítimo-Terrestre. En este sentido, estimó que el Gobierno central podría transferir la gestión de estas fincas a las Comunidades Autónomas, pese a que fuese el titular de las mismas.
Por otro lado, apuntó que pese a que aún es "precipitado" señalar dónde están las fincas que al Govern le interesa preservar, algunas de ellas se encuentran en Artà, Ibiza y Menorca. En cuanto a los terrenos de Ses Covetes, el conseller recordó que existe un pleito abierto en relación a las licencias que otorgó el Ayuntamiento de Campos para construir pisos en esta zona y, por lo tanto, mientras no exista una sentencia firme, la adquisición o la expropiación de estos terrenos es incierta.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, desveló que el Ejecutivo central considera "interesante" la adquisición de cuatro o cinco fincas en Baleares para garantizar su protección y destinarlas al uso público, tal como ha sucedido con la finca Raixa.