Francisco Vázquez

Los proyectos de financiación privada o PFI según sus siglas en inglés nacen como la única forma de poder desarrollar los planes de obra pública de unas administraciones públicas que no pueden o están tremendamente endeudadas.
La fórmula de PFI consiste en que una empresa o conjunto de empresas privadas toman la iniciativa de promover una determinada infraestructura y la ponen a disposición de una entidad pública durante un periodo de entre 25 a 35 años a cambio de una cantidad que la entidad paga mensualmente, por su explotación. Cuando finaliza este periodo, normalmente, la infraestructura pasa a ser de la entidad pública.
Por simplificar, es muy parecido a comprar mediante leasing un vehículo. Te comprometes a pagar una cantidad mensual y la empresa de leasing te entrega para tu uso el coche acordado y se ocupa de todos los servicios pactados: mantenimiento, ruedas, seguro...
Un modelo actual de proyectos de financiación privada es el de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, proyecto que en un principio se consideró desmedido, pero que se ha podido construir gracias al acuerdo entre entidades públicas y privadas. También están en marcha otros PFIs y seguro que en un corto periodo de tiempo empieza a ser más habitual este tipo de proyectos mixtos (público y privado).
Existen dos conclusiones clave en la definición de un proyecto de financiación privada: el carácter de préstamo u operación financiera y por otro lado la importancia de la necesidad de prestar unos servicios durante un largo periodo de tiempo. El primero genera, como es obvio, la presencia en este tipo de operaciones como "figura clave" de una entidad financiera. El PFI es, en gran medida, un "préstamo hipotecario".
Como decíamos al principio si vamos cualquiera de nosotros al banco a solicitar un crédito y el banco detecta que tenemos ya solicitado un gran número de créditos (caso de las administraciones públicas) la única forma de obtenerlo es la de que quede avalado por un inmueble, con lo que el banco asegure el valor del préstamo. Es por ello por lo que mencionaba al inicio de este artículo que es la única forma de poder desarrollar los planes de obra pública.
Lo segundo, genera la necesidad de dar unos servicios de gestión, mantenimiento, limpieza, seguridad y suministros durante un largo periodo de tiempo. Esto hace que el valor de esta parte del contrato represente aproximadamente el 85% del valor total del PFI. Luego, la partida construcción sólo representa un 15% del valor global del contrato.
Cobra una gran importancia en la preparación de los contratos de PFI una detallada definición de los costes de explotación del futuro inmueble pues, además de tener una incidencia del 85% en el valor del contrato, garantizan a la entidad financiera y a la Administración que el inmueble no perderá el valor pactado en el contrato.
Sin embargo, no está ocurriendo así en España. En algunos de los PFI que conocemos, a los que acuden principalmente grandes consorcios de empresas constructoras que ven en estos contratos la única forma de poder mantener el volumen de negocio de obra pública, y en los que, todavía por desconocimiento, no se consideran suficientemente los aspectos de la prestación de servicio a largo plazo.