Un sistema que hace agua

Mientras la paridad depara los primeros sustos a los “inventores” de la Ley, es decir al Partido Socialista, aunque también a IU, dado que los tribunales acaban de obligar a recomponer a ambas formaciones varias de sus listas municipales en la Comunidad de Madrid, los verdaderos sobresaltos, y en este caso para el ciudadano de a pie, llegan al comprobar que las leyes electorales tienen los suficientes resquicios y agujeros negros para permitir a un encausado (que no condenado, eso sí) por un presunto delito derivado de su acción municipal, como es el caso del ex alcalde de Ciempozuelos, Pedro Torrejón, concurrir con todo el tronío y la prosapia que son menester a las elecciones municipales del ya casi inminente 27 de mayo.
Algo anda mal en nuestro sistema democrático sí una persona obligada a pagar una cuantiosa fianza, nada más y nada menos que 900.000 euros, para abandonar la prisión, puede encabezar un cartel electoral como si nada hubiera ocurrido. Claro que siempre es, y debe ser, valida la premisa de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero que menos que cuando lo denunciado tiene estrecha ligazón con la cosa pública (se le acusa de supuesta corrupción, cohecho y blanqueo de capitales), el sospechoso esté sujeto como poco a una prudencial cuarentena.
Una paradoja legal que no sólo afecta a Torrejón, que encabezará la candidatura de Ciudadanos Independientes por Ciempozuelos, aunque su caso sea de lejos el más grave, ya que otros regidores todavía con mando en plaza se presentarán a estos comicios pese a tener abiertos procesos judiciales casi siempre en relación a temas urbanísticos. Cierto que en muchas ocasiones estas demandas quedan en agua de borrajas, pero tampoco faltan aquellos en que finalmente, cuando llega la sentencia después de años de dilataciones judiciales, el cargo público queda inhabilitado para ejercer como tal, eso sí, mientras tanto el culpable de turno habrá gozado de las prebendas que da el puesto institucional.
Tal se diría que para que no paguen justos por pecadores se aplica aquello de que nada pasa hasta que no hay condena firme. Todo lineal, uniforme, sin tener en cuenta que determinados hechos, como que Torrejón concurra a estos comicios, no hacen más que deteriorar la ya dañada imagen de la política y de una democracia incapaz de articular los resortes necesarios para que a quienes su propia vergüenza torera no les frena, no tengan la posibilidad de hacer un corte de mangas a un sistema en el que determinadas pautas de comportamiento se extienden como una mancha de aceite. (Ahí están los casos Malaya para comprobarlo, donde el político es un engranaje más de un sistema corrupto, que comparte vergonzoso protagonismo con banqueros, funcionarios, notarios, abogados y un largo y largo etcétera, en el que por no faltar no faltan ni inspectores de Hacienda que engordan sus bolsillos y su economía extorsionando a morosos, como no del ladrillo. Para ejemplos de ello no hay que irse a Marbella, que haberlos haylos en territorio madrileño y no tardarán mucho en ver la luz).
Un deterioro paulatino de la vida pública que como una gota ha ido agujereando el ánimo y la confianza de la ciudadanía respecto a la clase política y no hace augurar nada bueno en cuento a los índices de participación se refiere el próximo 27-M (encuestas hay que pronostican una paupérrima asistencia a las urnas). Una realidad que preocupa muy mucho a la izquierda en general y al PSOE en particular. Al líder del socialismo madrileño, Rafael Simancas, no le han dolido prendas al reconocer que todo aquello que no sea alcanzar el 70 por ciento de participación pondría en bandeja de plata al PP el gobierno regional, cuyo electorado no parece acusar el mismo desencanto que el votante de izquierdas, más purista a la hora de enjuiciar los actos de sus gobernantes.
Lo que está claro es que el “invento” democrático no aguanta más escándalos si se quiere preservar su credibilidad, algo que parece entender ya la clase política (Zapatero habla de tolerancia cero hacia la corrupción urbanística), aunque habrá que ver sí finalmente se deciden a poner el cascabel al gato.