Fdo. Javier de la Cruz y Bazo

Area Abogados

En múltiples ocasiones se repite la frase de que la agricultura andaluza es el motor de su economía, pero su importancia se diluye en el ranking global de producción y desarrollo. A la luz de los datos, la construcción es la auténtica estrella del crecimiento regional. Con un crecimiento anual del 6,3% y con más de 450.000 personas empleadas en el sector -lo que representa un 15% de los trabajadores empleados ocupados en la Comunidad-, genera un valor añadido de catorce mil millones de euros.
De este modo, el sector residencial se consolida como el más dinámico de la economía andaluza, un punto por encima del registrado en España durante 2005 y cuatro veces superior al de la Eurozona. Este crecimiento, como es lógico, puede tener problemas de futuro, como vienen reflejando las organizaciones ecologistas, que alertan sobre la construcción excesiva e indiscriminada en Málaga y Cádiz, sin olvidar la costa atlántica de Huelva, en especial Isla Antilla e Isla Canela. Según ellos a este ritmo de crecimiento en 20 años el 80% del litoral regional estará totalmente construido, lo que no deja de ser preocupante en una zona que crece por encima de la media nacional gracias, sin duda, a los sectores inmobiliario y turístico, generadores preferentes de la riqueza andaluza.
Si el sector turístico se quiebra como consecuencia de los disparates urbanísticos realizados en localidades como Torremolinos o Marbella, donde desde hace tres años se está notando una menor inversión extranjera, la economía andaluza se resentirá y dejará de mantener el crecimiento al que nos tiene acostumbrados. Por ello, y dada la importancia que la construcción y el turismo representan en la actividad económica andaluza serán precisas una serie de medidas que no paralicen el crecimiento económico y siga manteniendo al 15% de los empleados activos en el sector.
La primera medida que, sin duda, afectará positivamente al sector será la reordenación urbanística de la Comunidad. En este sentido, Sevilla ha sido la primera de las provincias que ha aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, con la aquiescencia de la Junta, y será seguida por otras como Cádiz o Almería.
La segunda medida que permita mantener un crecimiento sostenido en el sector será la apuesta por la vivienda de protección oficial, la gran olvidada del sector. Para ello, será preciso una subida de los precios (algunas asociaciones hablan de un 20%), para que puedan ser rentables y que su construcción se vea estimulada. Igualmente se solicita de la Junta la posibilidad de una exoneración fiscal en los impuestos correspondientes a este tipo de viviendas.
La importancia de este tipo de viviendas y su necesaria construcción en un porcentaje significativo la revela el hecho de que más de dos millones de jóvenes en Andalucía están buscando, como demandantes a precios asequibles, una vivienda en propiedad.
La tercera medida, sería la búsqueda de puntos comunes en la normativa que existe en la Comunidad y la que mantiene el Estado central. De esta forma, se evitaría el clima de inseguridad que existe entre los promotores, dada la profusión de cambios legales que se producen en el sector.
Si efectivamente estas medidas se ponen en práctica, el ciclo de la construcción continuará con los mismos márgenes de crecimiento, pues Andalucía por su potencialidad y expectativas tiene un largo recorrido de desarrollo, que permitirá mantener casi el medio millón de empleados en pleno empleo dentro de este sector.