Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Se trata de un organismo donde están consorciados no sólo los ayuntamientos sino también la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Su objetivo principal será articular medidas que agilicen el acceso a la vivienda de familias desfavorecidas. Su labor irá dirigida tanto a la vivienda nueva como a inmuebles desocupados.
La Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla, y 27 municipios del Area de Sevilla han firmado un convenio para la creación del Consorcio de Vivienda, que se dirige a los vecinos de la zona. Con este organismo, se pretende poner en marcha una serie de políticas comunes que faciliten el acceso a la vivienda a familias, especialmente jóvenes, que no pueden acceder al mercado libre. Se actuará tanto en el campo de la vivienda nueva, como en el fomento del alquiler de las casas desocupadas.
El documento ha sido suscrito por la consejera de Obras Públicas y Transportes, el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y los alcaldes de los municipios de Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Aznalcollar, Camas, Carmona, Carrión de los Céspedes, Castilleja de Guzmán, Coria del Río, Dos Hermanas, Gerena, Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Los Palacios-Villafranca, La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar La Mayor, Santiponce, Sevilla, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa y el Viso del Alcor.
Entre las primeras actividades a desarrollar por el Consorcio se incluye en lugar destacado la elaboración de un estudio de necesidades de vivienda de modo coordinado en todo el ámbito del área metropolitana. El estudio prestará especial atención a las demandas existentes en cada municipio y las posibles ofertas que desde las diferentes administraciones pueden presentarse a corto y medio plazo. Además se desarrollará una gestión común que permita dar una respuesta ágil e inmediata a la demanda de vivienda a partir de las ofertas existentes en el mercado y de la disponibilidad de suelos públicos para la construcción.