Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Desde que estalló el llamado Caso Ciempozuelos, en el que los dos últimos alcaldes socialistas del municipio fueron detenidos acusados, entre otros delitos, de blanqueo de capitales procedentes de una presunta corrupción urbanística, se desataron las apuestas para ver qué regidor municipal perteneciente al Partido Popular iba a comparecer ante la Justicia con las esposas puestas. A pesar de los intentos de Rafael Simancas para que fuera uno de la Comunidad de Madrid, los casos más destacados se han producido en el municipio balear de Andratx y el más reciente del malagueño de Alhaurín el Grande.
Sin entrar a valorar el fondo de las acusaciones o si son inocentes o culpables, cuestión que se determinará en los juzgados, si finalmente se celebra un juicio, sí se puede apreciar que en los dos parece haber habido una escenificación al estilo Marbella, más propia de un montaje cinematográfico que de una actuación policial y judicial.
Si en el caso de Andratx, la detención del alcalde se produjo en medio de un espectáculo mediático y con un fiscal que criticaba las decisiones judiciales en una rueda de prensa, porque su señoría no le seguía en su intento de elevar sus acusaciones a otros dirigentes populares de las islas, en Alhaurín el Grande el alcalde fue detenido en un bar justo después de un acto público con el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Los dos casos han tenido en común que los medios de comunicación estaban perfectamente alertados para que pudieran obtener las imágenes de los dos regidores con las esposas puestas cuando eran conducidos a dependencias policiales, mientras que parece ser que los escándalos que afectan a ayuntamientos socialistas han desaparecido de la primera línea. Y que a la agilidad demostrada en las investigaciones llevadas a cabo contra los ediles populares, en el caso de Ciempozuelos hay un responsable policial encausado por entorpecer presuntamente las investigaciones.
Está claro que hay que perseguir con severidad cualquier atisbo de corrupción urbanística pero sería conveniente hacerlo sin caer en el error de su utilización partidista o mediática.