Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
18/01/2007.- Los retrasos en el sector de la construcción se encadenan y superponen hasta cotas insospechadas. Los fabricantes de materiales, que están en la base de la pirámide productiva, se quejan de que, lejos de mejorar, la situación está empeorando. La mayoría de las empresas afectadas por este fenómeno, unas 25.000 en toda España, son pymes que están viendo amenazada su viabilidad.
Tres constructoras han movilizado más de 20.000 millones de euros para tomar posiciones en sector energético, pero sus cuentas no están al día. Los proveedores de materiales y la industria auxiliar afirman que parte de los activos que manejan las grandes empresas de la construcción les pertenecen, en pago de servicios y productos no abonados.
Hace quince años que los fabricantes de materiales vienen denunciando el retraso con que sus clientes abonan las facturas. Lejos de mejorar, este fenómeno ha ido aumentando, alentado por la concentración del sector de la construcción en unas pocas manos. El resultado es que, desde 1993, los intereses de demora suman una deuda viva cercana a los 12.500 millones de euros.
Fuentes de la patronal de materiales informan de que la dilatación de los pagos aumentó un 10,8% en 2006, según la Central de Balances del Banco de España. En la actualidad, el plazo medio para ver cobrar una deuda está en 225 días, pese a que la Ley Antimorosidad establece el tiempo de pago en 30 días.
La patronal Cepco señala que “las grandes empresas constructoras logran de este modo unos ingresos financieros extra a costa de un sector que no tiene voluntad ni estructura de ser banquero”. La situación afecta a unas 25.000 empresas, principalmente pymes con poca capacidad y menor deseo de llevar a sus clientes a los tribunales, por el retraso en satisfacer sus deudas.
La asociación empresarial de fabricantes afirma que gran parte de la responsabilidad de esta situación corresponde a la Administración, que es el principal agente contratista y también el principal moroso. “Las administaciones son las primeras en retrasar los pagos. A partir de ahí se establece toda la gruesa cadena de incumplimientos”, declara Cepco. Los fabricantes de materiales y la industria auxiliar denuncian que muchas veces esta situación da pie a que el acreedor de la Administración trate de trasladar esta “ineficiencia” a toda la cadena de proveedores, suministradores y contratistas.
En un intento de frenar esta tendencia, Cepco ha llevado a la Administración española ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque los responsables de la asociación confían en que el Gobierno actúe antes del fallo del tribunal comunitario, agilizando el cobro de las deudas y acotando el pago no más allá de 60 días.