Vivienda confía en que el precio de los pisos se acompasen con el IPC

13/12/2006.- La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se mostró esperanzada de que el precio de la vivienda libre mantenga una "desaceleración suave" en los próximos trimestres hasta equipararse con el IPC, si bien dijo que será necesario esperar hasta el mes de enero para conocer el dato del último trimestre de 2006, que permitirá confirmar si se mantiene la tendencia.

Durante su participación en el Fórum Europa, María Antonia Trujillo afirmó que en paralelo con la evolución de los precios, los ciudadanos tienen cada vez más "soluciones transitorias" para acceder a una vivienda antes de dar el salto a la compra, en referencia a la reactivación del mercado del alquiler, así como de la VPO, que ya alcanza el 15% del parque de viviendas, aunque se mantiene lejos del 30% deseado por el Ministerio.
Por otro lado, Trujillo explicó que el pacto ofrecido recientemente por el PP para colaborar en materia urbanística "ya existió", pues, según dijo, fue ofrecido al inicio de la legislatura por el Ministerio de Vivienda a los municipios y aceptado por todos ellos excepto por los gobernados por los 'populares'.
Además, señaló que dicho pacto recogía iniciativas parlamentarias previamente recopiladas que adelantaban lo que sería el borrador de la Ley de Suelo y que los municipios del PP "no quisieron consensuar".
Asimismo, Trujillo no consideró necesaria una reforma de la Constitución para recuperar mayores competencias estatales en materia de urbanismo con las que atajar la corrupción, y afirmó que ésta "se combate con actuaciones, como la disolución del Ayuntamiento de Marbella".
En este sentido, aseguró que el Plan Vivienda 2005-2008 ya contempla medidas encaminadas a luchar contra la corrupción, entre las que destacó el registro estatal de VPO, por el que las comunidades autónomas están obligadas a informar de los demandantes y adjudicatarios de estas viviendas y de cada una de las transacciones que se realicen, lo que permite un mayor control de este tipo de mercado.
Además, puso de manifiesto el uso obligado que las comunidades autónomas deben hacer del derecho de tanteo y retracto, que permite orientar las transacciones hacia la lista de demandantes de VPO registrados e invalidar aquellas transacciones que no recojan las condiciones necesarias.