Legalidad urbanística

En las últimas semanas se han empezado a publicar mapas de presunta corrupción urbanística en los municipios o áreas donde se han denunciado casos más o menos sospechosos.
Pero no sólo basta la sospecha para poner el dedo acusador sobre nadie y no se debe especular ni generalizar sobre todos los gestores municipales y autonómicos. Ni tampoco exigir medidas de excepción sobre el urbanismo ni retiradas de competencias municipales.
Si se tienen indicios claros de corrupción o de la comisión de delitos se deben poner en conocimiento de los jueces, que son los que deben velar por el cumplimiento de la legalidad. Y si nos atenemos a los casos llevados ante la Justicia, hasta el momento los dos únicos que se encuentran ya en prisión son dos ex alcaldes socialistas, los de la localidad madrileña de Ciempozuelos.
Esto es algo que deben tener en mente los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español y, sobre todo, Rafael Simancas antes de verter nuevas acusaciones sin mucho fundamento, por lo menos en cuanto a pruebas documentales se refiere, y no tener la tentación de poner en marcha el ventilador que perjudique gravemente a las administraciones municipales. En política no vale todo y Simancas debe reflexionar para que no vuelva a salir trasquilado, como el día en que emprendía viaje a Europa para acusar al Gobierno de Esperanza Aguirre de irregularidades urbanísticas y tuvo que meter en la maleta el caso de Ciempozuelos, municipio que él mismo había puesto como ejemplo de urbanismo no sospechoso.
Ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, es hora de presentar alternativas y planes de actuación y, si verdaderamente se cree que se debe cambiar la legislación urbanística y alterar las competencias, es el momento de decir cómo y con qué motivos. De esta manera, sí que serán creíbles las intenciones de quienes las planteen.