Fiebre Malaya

El estallido del llamado caso Malaya a finales del pasado mes de abril ha levantado una sombra de sospecha sobre el urbanismo en España que hace que se mire con desconfianza cualquier operación que se salga algo de la normalidad. Es como un virus que se contagia y que poco a poco cala en la población y que corre el riesgo de agravarse con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales.
Los partidos políticos están prestos a lanzarse unos a otros acusaciones sobre irregularidades urbanísticas en los municipios en los que gobiernan. Está claro que el PSOE, sobre todo el andaluz, tiene que quitarse la losa de encima de que no actuó como debía en Marbella y para ello tratará de poner en marcha el ventilador. La Junta de Andalucía debería haber actuado antes, puesto que las presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Marbella estaban en boca de todos y eran portada de los diferentes medios de comunicación. Además, el propio Jesús Gil acusó a responsables socialistas de haber cobrado sus sobornos y concejales socialistas de Marbella acabaron en el equipo de Gobierno de los que antes acusaban de practicar la corrupción generalizada.
Por lo que, en los próximos meses, se va a desatar el "vale todo" para desacreditar al oponente y acceder al poder municipal y autonómico. Esperemos que los perjudicados no sean los de siempre: los ciudadanos. Y, si nos ceñimos al sector inmobiliario propiamente dicho, en las próximas estadísticas de proyectos visados vamos a ver como se disparan las cifras de viviendas iniciadas, aunque se mantenga por los expertos el argumento de que ya se ha producido una cierta desaceleración en la promoción de viviendas.
Pero todo esto tiene una explicación. La entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación el pasado 29 de septiembre ha llevado a los promotores a presentar sus proyectos en los días anteriores a esa fecha, a pesar de que muchos de ellos tardarán tiempo en desarrollarse, con el fin de evitar tener que adaptarlos a la nueva normativa.