Urbanismo y corrupción

La dimisión forzada del Director General de Urbanismo de la Comunidad madrileña es un ejemplo más de la necesidad de enfrentarse de una vez por todas al problema del suelo y de la especulación en toda España. La Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se ha mostrado conforme con crear una Comisión de Investigación que estudie las decisiones urbanísticas en toda la región. Aparte de una labor ímproba, no creo que sirva para mucho mientras no se aborde la cuestión desde las perspectivas del realismo y la eficacia.
Nunca hasta ahora en la historia de Madrid y de España el ladrillo ha hecho ricos a tantos, ni creado problemas a muchos más. Hay un hecho evidente: la mayor parte de las acusaciones de corrupción corresponden a temas urbanísticos, y al socaire de calificaciones y licencias hay muchos que se han llevado ganancias y comisiones sometidas a sospecha. La conversión de suelo rústico en edificable produce pingues beneficios, y no faltan quienes ante la posibilidad de un gran negocio están dispuestos a pagar las comisiones que hagan falta. Ni los Ayuntamientos, ni las comunidades autónomas, ni el Gobierno central parecen muy dispuestos a enfrentarse al problema con eficacia. Al final los que terminan pagando son los compradores de una vivienda que se ha puesto por las nubes, y que para acceder se hipotecan de por vida.
La situación no podrá resolverse mientras el suelo constituya una de las principales fuentes de ingresos para los ayuntamientos. El desequilibrio entre oferta y demanda sólo puede salvarse poniendo cada vez más suelo urbanizable en el mercado. Mientras el valor del suelo represente la mitad o más del precio total de la vivienda, mientras las actuaciones municipales no sean claras y transparentes, poco podrá hacerse. Los últimos casos de corrupción que han aflorado no son sino la punta de un iceberg que amenaza a la estabilidad económica. Nuestros gobernantes no pueden dejar de reconocer una realidad evidente. A ellos corresponde solucionar este grave problema.