Carlos Hernández Pezzi

Ante la situación de colapso del litoral y el desbordado crecimiento inmobiliario, el manifiesto suscrito en mayo por urbanistas, arquitectos y geógrafos de toda España reclama una “nueva cultura del territorio“, que recoja el deseo de que el Gobierno y las Cortes controlen -a través de la planificación de las obras públicas y el agua- el crecimiento del urbanismo, siempre respetando las competencias de los Ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Especialistas portugueses quieren extender a toda la península este manifiesto, que aboga por que se cambie la Ley del Suelo de 1998, ya que, según los expertos firmantes, la vocación del suelo tiene "valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del suelo"; ni el objetivo del suelo es solo el de ser urbanizado.
El Ministerio de Vivienda ha elaborado el proyecto de la nueva Ley del Suelo que tiene como objetivo “apostar de una manera decidida por un desarrollo territorial y urbano sostenible”. Es un documento que plantea adecuadamente nuevas fórmulas de transparencia y participación ciudadana, valoraciones reales de suelos y movilización ordenada de los recursos disponibles. Contiene medidas para hacer efectivos los derechos contenidos en un estatuto de los ciudadanos que recoge sus garantías constitucionales en la materia y les da entidad jurídica real en el acceso a la vivienda digna y el medio ambiente adecuado. Tal avance, que abre, ¡por fin!, un debate de incalculables proporciones, debe complementarse con una política integral del Gobierno en varios ámbitos, porque -debido a tantas dependencias y visiones ilegales o desfasadas-, el suelo todavía no parece tener el perfil obvio de gran problema nacional. La cultura que se basa en la especulación y el despilfarro de recursos constituye una manera arcaica de entender el crecimiento, ya que prescinde de los elementos de innovación económica y ambiental que producen más valor añadido.
Sin embargo, el cambio no es solo de porcentajes de reserva; debería ir desde la mejora de la financiación local a las medidas fiscales sobre el suelo y el dinero negro, pasando por la lucha contra la delincuencia organizada. Un profundo cambio cultural que ha de cambiar las legislaciones sobre Gobierno local, financiación, hacienda pública, participación de los ciudadanos en el urbanismo, etc; acciones que deben contribuir a cortar de raíz los delitos contra el territorio, ordenando el urbanismo incontrolado. Los poderes públicos deben innovar en esta materia y defender la iniciativa pública sobre el suelo, la valoración real del mismo y el aumento del patrimonio municipal, apoyando a la promoción solvente, a las empresas y a la propiedad legítima que garantizan, -como el que más-, los derechos y deberes ligados a la calidad de vida.
El debate parlamentario sobre la nueva Ley del Suelo tiene la ventaja de que tratará sobre un proyecto que habla de lucha contra la especulación, de derechos urbanos y de valores, no de precios y burocracia. Tal vez sea importante que la sociedad asuma la idea de que es un proyecto vital para alcanzar ideas compartidas por la mayoría sobre transformaciones estructurales de los problemas urbanos de España.