Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Govern construirá finalmente un dique exterior en el puerto de Ciudadela (Menorca) que permitirá la externalización del tráfico comercial y la dotación de nuevos amarres, tras llegar a un acuerdo con el Consell Insular de Menorca y el Ayuntamiento, que supone en gran medida la consumación del proyecto portuario que planteó inicialmente el Ejecutivo balear.
El presidente del Govern Balear, Jaume Matas, celebró el acuerdo alcanzado entre las tres administraciones y el "consenso interno" que ha permitido, tras muchos desencuentros, sellar una propuesta que "satisface a todos". De esta manera, agradeció al Consell su disposición a presentar un proyecto que cumple en su totalidad con las condiciones que fijó el Ejecutivo balear en la pasada reunión del 30 de junio.
En ese encuentro, Govern, Consell y Ayuntamiento acordaron que la Institución Insular presentaría una propuesta que solucionara de forma definitiva la problemática generada en el puerto menorquín a raíz del incremento del tráfico comercial experimentado los últimos años, que debía pasar "necesariamente" por "sacar al exterior el tráfico de pasajeros y mercancías" y por la "dotación de nuevos amarres".
El anteproyecto aprobado contempla, en consecuencia, la construcción de un dique externo y la habilitación de unos 259 nuevos amarres que se distribuirán en el interior del puerto, más un total de 180 en el exterior. Aún así, Matas expresó que "no es el proyecto que hubiéramos deseado", pero se mostró satisfecho con el futuro proyecto, que será financiado en su totalidad por el Ejecutivo autonómico y cuyo coste ascenderá a unos cuarenta millones de euros.
Por su parte, la presidenta del Consell, Joana Barceló, remarcó que el futuro dique "salva la configuración actual del puerto y da cobertura al tráfico comercial en el exterior, con el mínimo impacto ambiental posible".
Asimismo, el alcalde de Ciudadela, Llorenç Brondo, se mostró "muy satisfecho" con el acuerdo, el cual dará respuesta a un vieja reivindicación del la ciudadanía, que "lleva muchos años solicitando un dique exterior que separe el tráfico comercial de las embarcaciones de recreo", aseveró. Brondo subrayó que el acuerdo zanjado hoy es "motivo de celebración" porque se han "cumplido nuestras expectativas".
El este sentido, el jefe del Ejecutivo balear incidió en que para poder llevar a cabo el proyecto las tres administraciones han "hecho renuncias", que no detalló, pero que pasarán por la ejecución de un dique menos agresivo que el que propuso el Govern, ya que Barceló reiteró que la futura infraestructura "supondrá el mínimo impacto ambiental para el territorio", la condición primordial que estableció la Institución Insular para dar su voto favorable a la propuesta.
Por otro lado, la consejera de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Mabel Cabrer, explicó que el proceso administrativo previo al inicio de las obras arrancará "hoy mismo", con la solicitud al equipo de ingenieros que redactaron el anteproyecto al Consell la culminación del proyecto definitivo, que podría estar listo en dos meses.
A partir de ese momento, se entregará el proyecto a información pública por el periodo de un mes, durante el cual permanecerá abierto el perido de alegaciones, "que confiamos en que sean muy pocas", agregó, y a continuación se someterá al estudio de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Seguidamente, se procederá a la licitación de las obras y luego, finalmente, arrancará su construcción.
"Todo el proceso administrativo se prolongará unos diez meses, si no surgen imprevistos, y a partir de ese momento, se iniciarán las obras, que tendrán un plazo de ejecución de unos tres años", vaticinó Cabrer.