Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Galicia dispone actualmente de diez plantas de tratamiento para escombros, una cifra que para los empresarios del sector de la construcción y derribos resulta insuficiente. El pasado mes de marzo, el Seprona cursó un total de dieciocho denuncias por vertidos ilegales.
Las empresas de excavación, demolición y obras de urbanización de la provincia de A Coruña cesaron su actividad para protestar por la escasez de vertederos específicos para sus residuos. Los empresarios de la construcción señalan que se sienten perseguidos por los miembros del Seprona, ya que el grupo de la Guardia Civil dedicado a la protección del medio ambiente curso en el mes de marzo 18 denuncias por vertidos ilegales.
Entre las compañías que recibieron denuncias, once están instaladas en A Coruña y su área metropolitana, cinco son de la zona de Ferrolterra, y otras tres de Santiago y su comarca. Otra firma tiene su sede en Madrid.
La construcción y demolición de inmuebles en Galicia produce cada año un total de 800.000 toneladas de residuos. Según datos aportados por la Asociación Provincial de Empresarios de Construcción (Apecco), la cantidad de residuos producidos en Galicia supone un 1,7% del total nacional, que llega a las 45 millones de toneladas.
En vista de esta situación, los responsables de las empresas del sector han conminado a la Consellería de Medio Ambiente, en colaboración con otras administraciones y promotores, a encontrar un acuerdo global para ubicar lugares idóneos para depositar los residuos.
A pesar de estas peticiones, desde Medio Ambiente se recuerda que los empresarios del ramo disponen actualmente de diez plantas de tratamiento para escombros repartidas por toda Galicia y gestionadas por el Gobierno gallego, además de aquellos que llevan directamente las firmas constructoras. Los vertederos controlados por la Xunta se sitúan en Boiro, A Guarda, Monforte, Vilalba, Cerceda, Carballo, Xove, Silleda, Ribadeo, A Rúa, Monterroso y Chantada.
El vertido de este tipo de residuos se efectuaba en España hasta hace poco de manera generalizada, en vertederos ilegales. Para terminar con esta práctica, el Gobierno central aprobó una ley que especificaba las multas a las que deberían hacer frente las personas que no cumplieran con la legislación. Sin embargo y a pesar de esta iniciativa, los expertos consideran que llevamos diez años de retraso a la hora de tomar medidas para evitar esta situación.