Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El Parlamento vasco ha dado el visto bueno a la ley autonómica del suelo. El Partido Popular amenaza con un recurso ante el Constitucional, mientras el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales asegura que, con esta herramienta, el problema de la vivienda en el País Vasco se reducirá a la mitad en tres años.
El consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, aseguraba tras la aprobación de la Ley del Suelo, que a partir de septiembre, cuando entre en vigor, y en los próximos tres años se irá reduciendo el problema de la vivienda en Euskadi "a la mitad" y se podrá dar respuesta "a una de cada dos personas que demandan una vivienda a Etxebide", el Servicio Vasco de Vivienda.
Con el visto bueno del pleno del Parlamento, se pone fin a un complicado recorrido parlamentario de un proyecto que viene de la anterior legislatura y que, de hecho, salía de la Cámara con la amenaza de un recurso por parte del PP. Aprobada con el apoyo de PNV, EA, EB PSE y Aralar, la ley entrará en vigor en septiembre y convierte a la Comunidad Autónoma Vasca en la última en dotarse de una norma específica sobre la materia.
El consejero explicó en rueda de prensa, que la Ley del Suelo ofrece muchos instrumentos que, "si hay voluntad política y se utilizan bien por parte de los ayuntamientos, pueden permitir llegar al objetivo de lograr poner en marcha diez mil viviendas protegidas cada año en la Comunidad Autónoma Vasca".
Madrazo reconoció que la culminación de la tramitación del proyecto ha sido "difícil" debido a los "muchos obstáculos" que ha debido sortear. No tuvo dudas al considerar que con la aprobación en el pleno "Euskadi vivió una jornada histórica", con texto legal tras 25 años de competencias en materia de suelo, urbanismo y vivienda. Se trata, explicó, de "una de las leyes más importantes aprobadas en al historia reciente de la democracia, una ley fundamental, estructural y estructurante". Defendió también, que esta ley es la "más municipalista, avanzada y progresista de cuantas existen en el Estado español, algo que no admite discusión", ya que garantiza el reconocimiento del suelo "como un bien de interés social, puesto al servicio de la ciudadanía vasca y no del pelotazo inmobiliario".
Según datos del Departamento, el texto permitirá ofertar viviendas de 80 metros cuadrados con garaje y trastero a un precio de 117.700 euros (VPO) y de 200.000 euros las tasadas. Asimismo, la ley habilitará a los municipios de más de siete mil habitantes para que aprueben por sí mismos los planes generales de ordenación.
Otra de las medidas que se contemplan son los alquileres sociales con un coste medio de entre 180 y 200 euros y los apartamentos transitorios sociales, de entre 120 y 200 euros.
El consejero defendió la figura del agente urbanizador que se plantea en el texto al afirmar que permitirá que los responsables municipales "eludan la presión de los propietarios del suelo". La norma también prohibe las subastas de suelo público, procedimiento que sustituye por la adjudicación a través de concurso. De esa forma, según Madrazo, se contribuye a "luchar contra la especulación".
UNA TRAMITACION COMPLICADA
La aprobación de la norma ha vivido una complicada tramitación, a pesar del principio de acuerdo suscrito el pasado mes de febrero entre el Departamento de Vivienda y el PSE-EE, al que posteriormente se adhirió Aralar.
En un principio, PNV y Eudel mostraron su intención de introducir modificaciones al texto, posibilidad que se neutralizó tras renunciar los primeros a su propuesta de cambio y llegarse a un acuerdo con Eudel. Más tarde, la Diputación de Alava recurrió ante la Comisión Arbitral por la vulneración de sus competencias en la que supuestamente incurre la norma.
Además, a pesar de haberse rechazado el recurso por presentarse fuera de plazo, el PP, partido que gobierna la Diputación alavesa, ya ha anunciado que tratará de recurrir la norma por los cauces legales existentes una vez que haya entrado en vigor.