Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El alcalde de la Villa y Corte está feliz. Pese a los parquímetros, pese a la pequeña paralización de las obras de la M-30, pese a sus diferencias probadas y sostenidas con el Gobierno autonómico que preside su compañera y competidora, Esperanza Aguirre, está feliz. Madrid va a tener Ley de capitalidad en breve. Cumplido el trámite del Senado, volverá al Congreso para su aprobación definitiva y su promulgación en el BOE. Y con la nueva Ley en la mano, Gallardón y los que le sucedan en el futuro, va a mandar más, mucho más y con menos control por parte del resto de Administraciones.
Se habla mucho de los nuevos Estatutos de autonomía de las distintas regiones, desde Castaluña a Andalucía y Galicia, con sus reivindicaciones nacionalistas e históricas, y está pasando desapercibida una reforma tanto o más importante de nuestro entramado
institucional y estructural del estado, como son los grandes Ayuntamientos, con Madrid a la cabeza.
La capital del estado, de la nación, del Reino, de España ( por emplear todos los títulos posibles ) es realidad nacional y realidad histórica desde antes de los romanos si creemos la referencia que hace el poeta Virgilio al príncipe griego Ocno Bianor, y hasta que Felipe II la convierte en capital en 1561, sustituyendo a Toledo, andan por estas tierras Abderramanes, Ramiros y Fernandos,
reyes árabes y cristianos que poco a poco la van convirtiendo en la base política, económica y social sobre la que operaría el gran impulsor de la ciudad, el Borbón Carlos III. Tenemos, pues, méritos para creer en Madrid ( incluso por encima de la Comunidad que la engloba, que nace el 1 de marzo de 1983 con la excusa de la tremenda desproporción que había entre la entonces provincia de Castilla la Nueva y el resto de la región ) y plantearnos su papel en la nueva configuración “federalista” del estado que está en curso.
Madrid se va a convertir en una pequeña “república independiente”, con su Parlamento propio formado por concejales, su alcalde – presidente, que podrá elegir al Ejecutivo con total independencia y sin depender de los nombres que vayan en las listas electorales, y su Consejo de Gobierno, que eso sí no podrá tener más “carteras” que el tercio del Pleno de concejales, lo que nos da sobre
un máximo de 54-55 miembros, la misma cifra de “ministros” que tiene hoy Rodríguez Zapatero. Sus poderes estarán a caballo entre los que le delegue por obligación o devoción el Estado y los que de igual forma tenga que entregarle la Comunidad autónoma.
Esta va a ser una de las grandes herencias que va a dejar Ruiz Gallardón a los que le sucedan, y uno de sus mejores instrumentos políticos para hacer frente en los próximos meses y en el campo de batalla interno a su gran rival, Esperanza Aguirre, y al efectivo,
implacable y contundente ejército que comanda su mariscal de campo, el vicepresidente Ignacio González.
En movilidad, en seguridad y en infraestructuras es donde más rápido se va a notar el cambio por las capacidades normativas y sancionadoras que va a tener el nuevo Ayuntamiento. Nada que ver el inmediato futuro con las normas que desde julio de 1963, y las reformas del 85 y el 92 han ido articulando la “diferente” gobernabilidad de la capital respecto al resto del estado. Ahora sí viene un régimen especial y sin marcha atrás. Termina la fase legislativa iniciada por la presentación de la Ley que hizo el ministro Jordi
Sevilla a finales de diciembre del 2005 al vicepresidente Ignacio González y al alcalde Alberto Ruiz Gallardón, y comienza la
ejecutiva que alcanzará toda su dimensión a partir de los resultados electorales del año que viene.
Será a partir de mayo del 2007 cuando los madrileños (los que viven en la capital y los que cada día acuden a ella) notemos los efectos de la nueva Ley, incluidos los impuestos más directos que deberán pagar el mayor coste burocrático del Ayuntamiento y de todos sus órganos legislativos y de gobierno. Y como la tendencia a copiar, imitar y pedir es ya un clásico, pronto veremos a otras capitales de autonomías seguir el ejemplo de Madrid, e incluso a los grandes pueblos de nuestra Comunidad como Móstoles, Alcalá, Fuenlabrada o Getafe. Se explicará que algunos alcaldes no quieran cambiar de sillón y que muchos no quieran cambiar de oficio.
raulheras@retemail.es