Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El proyecto de Ley regional del Suelo ha superado el trámite de la ponencia parlamentaria, tras una sesión en la que el PNV trató de introducir ciertas modificaciones sin mucho éxito, aunque no se descarta que esos cambios se lleven a efecto antes de la votación definitiva prevista para el 30 de junio.
El intento del PNV de modificar el proyecto de Ley del Suelo después de que estuviera acordado y firmado entre el Departamento de Vivienda (EB) y el PSE-EE, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la oposición. Sin embargo, en la ponencia parlamentaria, los nacionalistas aseguraron que el proyecto saldrá adelante, aunque también hablaron de la condición de introducir modificaciones antes de la firma definitiva el próximo 30 de junio.
Los socialistas ya han avisado de que no admitirán cambios sustanciales, y por su parte, PP y EHAK se reafirman en su rechazo pleno. Desde el PSE se muestran dispuestos a aceptar “pequeñas modificaciones” para mejorar la ley, como subir un 5% la reserva de vivienda tasada tanto en suelo urbano como urbanizable. La propuesta que originó la polémica persigue dejar a los ayuntamientos la capacidad para decidir cuánta vivienda tasada y protegida. También plantea el acceso universal a la vivienda protegida, lo que cambiaría sustancialmente el proyecto de Ley del Suelo pactado entre Gobierno Vasco y PSE-EE, al que posteriormente se ha sumado Aralar.
Los cambios introducidos en la ponencia parlamentaria fueron que los ayuntamientos con más de diez mil habitantes podrán aprobar planes generales de ordenación urbanística (PGOU) sin el consentimiento de la Diputación, cosa que antes sólo podía hacerse en municipios de más de 20.000 habitantes. Además, se aprobó la obligación de los ayuntamientos de más de dos mil habitantes de reservar suelo para vivienda protegida, aunque esta situación queda supeditada a la existencia de un solo núcleo de población en el que no haya dispersión. En lo que se refiere a reservas de suelo, las cifras quedan tal y como estaban, destinándose en suelo urbanizable un 55% a VPO y un 20% a precio tasado. El 20% del suelo urbano será para VPO y el 10% para viviendas tasadas.
Los puntos que menos han gustado a nacionalistas son precisamente las reservas de suelo que quisieran cifrar en 80% para suelos urbanos y urbanizables, dejando libertad a los municipios para decidir; y el hecho de que se pierda la confirmación de las diputaciones en los PGOU. En todo caso, querrían que la exención se aplicara a todos.