Santos Muñoz

La transparencia empresarial es un tema que ha cobrado una gran trascendencia en la actualidad. Esta trascendencia no se debe a modas pasajeras ni a circunstancias puntuales sino que viene dada por la creciente concienciación entre hombres y mujeres de empresa de incorporar este valor a la gestión corporativa con el fin de mostrar o demostrar un comportamiento social y éticamente responsable. Asimismo, la sociedad exige cada vez más transparencia y se siente con más derechos a exigir.

Desde mi punto de vista, la transparencia abarca dos fases íntimamente ligadas. La primera y fundamental se refiere a la transparencia en las acciones y comportamientos empresariales en todos los ámbitos donde influya su actividad mediante la adopción de criterios de responsabilidad social corporativa. Esto implica la formalización de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, social y medioambiental. La segunda fase se refiere a la transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en dichos ámbitos. Por tanto, consiste en facilitar a los públicos de interés (stakeholders) la información relevante sobre las políticas y sistemas de gestión así como sobre los resultados obtenidos en los ámbitos social, medioambiental y económico. Esta transmisión de información ha de efectuarse de manera clara, abierta y oportuna y convendría que formara parte de un plan estratégico de comunicación.

Los empresarios debemos entender la transparencia como un factor clave para ganar la credibilidad en el tiempo y la confianza del público y los distintos agentes del mercado. En un marco de creciente competitividad, las buenas prácticas empresariales y la transparencia conforman dos elementos básicos de diferenciación ya que contribuyen a una mejor comprensión por parte del público y dotan a la empresa de credibilidad y eficacia.

Pero, ¿cómo conseguimos esa transparencia? En primer lugar, se requiere un claro y sólido compromiso por parte de la empresa para adoptar políticas de responsabilidad social corporativa (RSC) con todos los grupos de interés: accionistas, empleados, administración, etc. En segundo lugar, hay que traducir ese compromiso en objetivos concretos que han de ser medidos de forma periódica. Entre las prácticas más extendidas en nuestro país para dar cumplimiento a las políticas de RSC destacan el establecimiento de sistemas de gestión específica de RSC, las auditorias y certificaciones de sistemas de gestión, los planes de acción social, los códigos de conducta, la elaboración de memorias de sostenibilidad y la declaración de valores corporativos.

Entre estas herramientas destacaría como garantía de transparencia la norma SA-8000 a nivel internacional y la SGE21 en el panorama nacional. La SA-8000 reúne un conjunto de principios y requerimientos básicos para compañías que aspiren a ser socialmente responsables. Está desarrollada por la CEPPA (Agencia de Acreditación del Consejo de Prioridades Económicas) que promueve y difunde un modelo económico ajustado al concepto de desarrollo sostenible. La norma exige a la empresa demostrar a las partes interesadas que sus principios, procedimientos y prácticas están en conformidad con los requerimientos establecidos. En España la organización Fonética, asociación sin ánimo de lucro cuya iniciativa integrada por prestigiosas empresas españolas ha elaborado la norma SGE21 (que fija los requisitos para un Sistema de Gestión Ética) estableciendo la transparencia como un principio rector de las relaciones entre la empresa y la alta dirección, los clientes, los empleados, los proveedores, la administración pública y los accionistas.

Otro instrumento de transparencia es la memoria de sostenibilidad que transmite información sobre el desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones. La Guía GRI marca los contenidos y principios que sirven para su elaboración. Entre esos principios enumera la transparencia, globalidad, auditabilidad, exhaustividad, relevancia, sostenibilidad, precisión, neutralidad, comparabilidad, claridad y periodicidad. En verdad son múltiples los indicadores, normas, códigos, etc. existentes en este campo. Al hablar de transparencia no podemos olvidarnos de la necesidad de realizar auditorias internas y auditorias de certificación del cumplimiento de los mismos.

Si nos trasladamos de este marco general al ámbito específico del sector inmobiliario la primera consideración es que ha de ser un sector especialmente sensibilizado con el principio de transparencia. Esto se debe al peso del sector en la economía española y a la conciencia existente en nuestra sociedad con el problema de la vivienda. En consecuencia sería necesario establecer mecanismos que asegurasen dicha transparencia. Un ejemplo a seguir lo encontramos en el campo de las ONG,S que cuentan con su norma específica para garantizar una gestión transparente, la UNE165011EX. Tal vez sea difícil llevar a cabo una iniciativa de este calibre en el sector inmobiliario pero sería la meta a alcanzar.

En esta línea cabe destacar la iniciativa llevada a cabo por las empresas asociadas a GECOPI que han aprobado un conjunto de “Normas de Buenas Prácticas Empresariales”. El volumen de viviendas y proyectos inmobiliarios realizados en Régimen de Cooperativa y Comunidad de Propietarios en los últimos diez años y la existencia de un número importante de empresas de gestión les ha llevado a establecer un marco de actuación empresarial y profesional responsable y transparente. Todo ello con una doble finalidad: por un lado, sustituir eficazmente el voluntarismo, encomiable pero poco realista, de las cooperativas ante la complejidad de la actividad, y por otro lado, poner freno a la aparición de núcleos empresariales que aprovechándose de la demanda de servicios de gestión realicen prácticas carentes de ética y profesionalidad.

Santos Muñoz
Presidente de Ecovi