Se está negociando con Interior la compra de las instalaciones.
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Los cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña que ya no se usan se convertirán a medio plazo en viviendas sociales destinadas a jóvenes menores de 35 años, o a personas mayores de 60 que requieran algún tipo de asistencia. La Generalitat espera la firma del acuerdo definitivo entre Vivienda e Interior.
La consejería de Medio Ambiente y Vivienda ya ha comunicado sus intenciones a los responsables municipales de las 38 poblaciones en las que se llevará a cabo este tipo de reconversión.
El secretario de Vivienda, Ricard Fernández Ontiveros, ha anunciado que en este mes de enero se podría firmar un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el del Interior en el que se fijará la cantidad que la Generalitat, a través de la empresa pública Adigsa, debe abonar por la cesión de las instalaciones.
El departamento que dirige José Antonio Alonso ya ha sacado a subasta algunas de estas instalaciones, como la de Artés y les Borges Blanques. Sin embargo, tiene previsto sacar otro paquete con 38 cuarteles por un precio de 26 millones de euros. Fernández Ontiveros ha indicado que el Ejecutivo regional “no puede pagar esta cantidad, por lo que hicimos una primera propuesta de 2,5 millones de euros que no fue aceptada”.
Ahora no obstante existe una importante diferencia que hace que la Generalitat albergue esperanzas y es que estas instalaciones se van a convertir en pisos de protección oficial. A esta situación, se añade el hecho de que algunos de estos cuarteles están ocupados de forma irregular como ya ha pasado con los de Montgat, el Masnou y Agramunt. “Multiplicaremos la propuesta económica porque los módulos de alquiler también han subido pero no alcanzaremos ni la mitad de lo que pedían”, ha afirmado el secretario de Vivienda, convencido de que Interior aceptará la oferta.
El cuartel más grande de todo el lote es el que hay en la calle Navas de Tolosa de Barcelona, donde se podrán construir hasta 114 viviendas de 40 metros cuadrados, aunque aún no está claro si se rehabilitará o se derribará ya que si el inmueble se tuviera que volver a edificar “se podrían hacer más elevado de pisos”, según ha confirmado Fernández Ontiveros.
El acuerdo entre Generalitat y Gobierno central, supondrá que Adigsa será la propietaria de los cuarteles y los terrenos sólo se podrán utilizar para viviendas o equipamientos sociales. Los ayuntamientos que quieran destinarlos a otros usos los tendrán que comprar al precio marcado en la subasta de Interior.