El primer macrojuicio en España contra la red terrorista de Al Qaeda por el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York va a servir de banco de pruebas a nuestra Justicia, de cara a la futura vista oral por los atentados contra los trenes del 11 de marzo de 2004. Tanto por la instrucción del sumario, como por la viabilidad probatoria del mismo, el tiempo empleado y los acusados que se sientan en el banquillo, algunos de los cuales volverán a hacerlo cuando se juzguen los terribles atentados que contribuyeron a cambiar políticamente España.
Es el primero de los grandes juicios con trascendencia mundial y por el que más y mejor se nos va a examinar desde otros países, junto con los de ETA, en la nueva situación que se vive tras los comicios autonómicos de Euskadi y la ruptura del Pacto Antiterrorista existente entre las dos grandes fuerzas políticas de nuestro Parlamento. Zapatero puede “rematar” las transformaciones legales introducidas durante los gobiernos de Aznar, o dar un giro radical a esa vía de dureza.
Son juicios políticos, al margen del carácter religioso y fundamentalista del primero, y de las reivindicaciones ultranacionalistas de los que atañen a la banda ETA y sus entornos. Vienen luego los juicios que están a caballo entre el ámbito público y la vida económica, como son el de las facturas del AVE, desde los tiempos de Felipe González, al caso Gescartera, en plena época de Aznar, con sus respectivos acompañamientos de casos menores y con menor relevancia en los medios de comunicación. Y se rematan los acontecimientos judiciales con los casos de las cuentas en paraísos fiscales del BBVA y las cesiones de crédito del Santander, el caso de Gescartera, los de las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla, las falsas empresas de formación en Cataluña, el movimiento de dinero dentro de Telecinco bajo la mirada de Berlusconi, y la situación de los Albertos tras la condena en firme por el Supremo demuestran que la Justicia y los tribunales no están preparados para afrontar el enjuiciamiento del poder económico y sus derivados en el terreno político.
Ya pasó con el caso Rumasa y con el del Banco de Valladolid, en el que los condenados pasaron muchos años después a ser acreedores multimillonarios en euros del Estado. Pasó en el caso de Banca Catalana y la férrea defensa de Jordi Pujol. Pasó en el caso, con suicidio incluido, de Ignacio Coca, y de Domingo Solís, por no hablar de los asesinatos en el caso del aceite de Redondela. Y pasó en el caso Banesto desde el principio, con los tratos tan distintos a los acusados, por razón de llamarse Mario Conde, Enrique Lasarte o Rafael Pérez Escolar, y los recursos en el Supremo. Y ha vuelto a pasar con la absolución de Emilio Botín, José María Amusátegui y Angel Corcóstegui en el caso de las indemnizaciones por jubilación en el Banco Santander, con una sentencia que será considerada en el futuro como base paras las negociaciones ‘laborales’ de los altos ejecutivos, sin que así se aprecie la ‘alarma social’ que un caso mucho menor ha generado en Francia hasta el grado de modificar la legislación.
Cuando se trata de entablar causas en las que están en juego miles de millones y complejas operaciones contables, en las que depende del tiempo y las circunstancias la calificación de los hechos, ni la Justicia cuenta con medios, ni la diligencia necesaria puede aplicarse ante la cantidad de artificios legales de los que hacen, con toda razón, uso los abogados defensores.
En el horizonte de este año deben celebrarse dos de los juicios más esperados e importantes, dado que afectan a las dos primeras instituciones financieras del país: el de las cuentas del BBVA en paraísos fiscales, con Emilio Ybarra en el banquillo, y el de las cesiones de crédito del Santander, de nuevo con su presidente en la condición de acusado. El primero de los casos cambió por completo la cúpula de la entidad financiera, dejando a Francisco González solo en la cumbre; y el segundo dejó en el ostracismo a Rodrigo Echenique y abrió de par en par las puertas a Alfredo Saenz, el hombre que había dirigido los destinos de Banca Catalana y Banesto tras las respectivas intervenciones del Banco de España.
De estos dos casos pasaremos al del AVE, con ex ministros en el banquillo y ex dirigentes socialistas, y al de Gescartera, con sus alargadas influencias hacia el Ministerio que dirigía Rodrigo Rato; sin olvidar que en el caso Telecinco, con el ex director general de la ONCE entre los acusados, está también el actual primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, que por la inmunidad parlamentaria de la que goza, no se sentará en el banquillo.
En todos y cada uno de los casos aparece un elemento común: el de la lentitud de la Justicia, que hace del escándalo un peso muerto. Son juicios a cámara lenta, en los que la gravedad de los hechos que no contienen sangre se diluye en la percepción ciudadana a lo largo de los años, cuando no se intentan adulterar las pruebas existentes, como ha ocurrido en el caso de los Albertos y las firmas falsificadas en unas cartas que podían cambiar las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo.
Nuestra Justicia anda escasa de medios humanos y materiales, y deja que los más pudientes y mejor conectados dentro del Sistema gocen de mayores ventajas respecto a lo que se considera delincuencia común. Ese no ser iguales ante la Ley es una de las viejas y siempre pendientes asignaturas de la Democracia.
raulheras@retemail.es