Por el pacto

Desde esta tribuna semanal, en reiteradas ocasiones, he tratado sobre la necesidad imperiosa de un pacto por el suelo en el que participaran todas las fuerzas políticas, para evitar los sucesivos cambios legislativos que se realizan cuando se produce la alternancia en el gobierno del Estado y también en los de las comunidades autónomas, y que tanta inestabilidad crea en el mercado inmobiliario.

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, ha manifestado su intención de incluir en un pacto sobre el suelo a los ayuntamientos. Esta es una medida coherente, pues no en vano son los municipios los que llevan el peso del desarrollo urbanístico de las ciudades, con unas competencias en la materia transferidas a las comunidades autónomas desde la aprobación de la Constitución. Pero el pacto, a mi entender, no debe ser entre administraciones, tiene que tener un calado político y ser los responsables nacionales de los partidos los que alcancen un acuerdo de mínimos que debe respetarse aunque cambien los gobiernos. Y debe ser un acuerdo entre partidos, y no instituciones, puesto que son éstos los que controlan las mismas y marcan la política a seguir desde sus ejecutivas o comités nacionales.

Está claro que cada alcalde desarrolla sus propias políticas, pero si se llega a un acuerdo entre las formaciones políticas a nivel nacional se podrá disminuir la incertidumbre en que vive el urbanismo, con cambios constantes de legislación y la existencia de 17 diferentes leyes del suelo. Debe ser un esfuerzo de todos, porque la trascendencia del suelo es vital para la vivienda y el conjunto del sector inmobiliario y, lo que es lo más importante, para el acceso de todos los ciudadanos a la vivienda.