Sin incluir las ayudas procedentes del Plan Nacional de la Vivienda del Gobierno central
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
La conselleria de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat prevé invertir unos 100 millones de euros anuales en el llamado Plan catalán para el acceso a la vivienda 2004-2007 que el conseller, Salvador Milà, presentó ayer ante el Consejo Asesor de Vivienda y que el Consell Executiu debatirá el próximo 13 de abril.
Esta cifra no incluye las ayudas procedentes del Plan Nacional de la Vivienda del Gobierno central, ni las inversiones del Incasòl y ADIGSA ni tampoco el proyecto de rehabilitación de barrios de la conselleria de Política Territorial y Obras Públicas (PTOP).
El Plan contiene ocho programas para cumplir tres objetivos: conseguir la promoción de 42.000 nuevos pisos protegidos en cuatro años; estimular la vivienda de protección y de alquiler a través de medidas legales y fiscales, y fomentar la rehabilitación. En cuanto al primer objetivo, de los 42.000 nuevos pisos, 21.000 serán de alquiler, promovidos directamente por la Generalitat, mientras que el resto correrá a cargo de la inciativa privada de las cooperativas.
Para conseguir la implicación de estos sectores, la Generalitat prevé destinar 30 millones de euros anuales en ayudas a los promotores de vivienda social de alquiler indefinido o de compraventa. Asimismo, el Gobierno catalán concederá 4 millones de euros anuales en subvenciones a los entes locales para constituir el patrimonio público del suelo.
El objetivo, según explicó el secretario de Vivienda, Ricard Fernández, es "movilizar el suelo público hacia la construcción de vivienda pública, sobre todo de alquiler", lo cual incluye solares pertenecientes "al Ministerio de Defensa, la Guardia Civil o a empresas públicas como Renfe" para "evitar privatizaciones especulativas".
Por el momento, comentó Fernández, "estamos encontrando muy buena receptividad" por parte de los ayuntamientos, unos de los principales encargados de ceder el suelo para la nueva construcción de vivienda protegida, "sobre todo de alquiler".
La conselleria se ha reunido hasta la fecha con 56 consistorios y en mayo hará público el resultado de estas conversaciones. A título de ejemplo, explicó que "hay 10 ayuntamientos del área metropolitana que tiene previsto construir cada uno más de 2.500 pisos protegidos, y el de Barcelona quiere hacer 10.000 hasta el año 2010".
Por otra parte, el Plan prevé acuerdos con la asociación de promotores privados para introducir lo que se ha denominado "cuota de solidaridad", es decir, que todas las nuevas promociones de vivienda libre incluyan un porcentaje de pisos, por determinar, con un precio limitado, destinados en especial a "jóvenes de clase media, que por sus ingresos no pueden acceder al mercado libre y tampoco protegido", explicó Fernández. La Generalitat lanzará esta propuesta en unas jornadas técnicas con promotores privados que tendrán lugar este miércoles.
Respecto a la segunda línea estratégica, las medidas legales y fiscales, la Generalitat prevé introducir de forma gradual desgravaciones fiscales del IRPF de hasta 600 euros anuales por el alquiler, para aquellas familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Una de las medidas más novedosas es la ayuda al alquiler para evitar desahucios.
El Gobierno catalán pagará al propietario de piso en alquiler la diferencia entre el precio que él pediría y lo que realmente puede pagarle el arrendatario, de lo que se beneficiarán las personas con rentas inferiores a 1,5 veces el salario mínimo. Esta línea de ayuda, que podría alcanzar a 10.000 familias, tiene un presupuesto de 9,5 millones de euros anuales.
Para conseguir sacar al mercado del alquiler los pisos vacíos que existen en Catalunya, se creará una Red Catalana de Mediación para la Vivienda, que ofrecerá a los propietarios avales para garantizar el pago de los inquilinos y el buen estado del piso. La previsión es conseguir por este sistema 10.000 pisos en alquiler y dedicar 2,5 millones de euros anuales. La conselleria también expresó su apoyo a la penalización del IBI de los pisos vacíos a los ayuntamientos que decidan aplicarla.
Finalmente, la Generalitat pretende aprobar un Plan catalán de la rehabilitación para mejorar al menos 40.000 pisos en cuatro años. Con este objetivo se han presupuestado 30 millones de euros para la reparación del parque público, otros 10 millones para mejoras por objetivos --instalación de ascendores,accesibilidad-- y cinco millones más para obras mínimas de habitabilidad en el parque de pisos vacantes, que impulse su salida al mercado.
Asimismo, se ha previsto una partida de 500.000 euros para subvencionar pisos de nueva construcción o trabajos de rehabilitación que incluyan elementos de sostenibilidad, como placas fotovoltaicas.
Fernánez matizó que este conjunto de iniciativas, y su dotación presupuestaria, son "una propuesta" que ha de refrendar el Consell Executiu, aunque aseguro que "es un compromiso de los tres partidos políticos". Igualmente, afirmó que "tenemos grandes esperanzas" tras la victoria del PSOE, que pasan por "la derogación de la Ley del Suelo y de Valoraciones y un nuevo Plan Nacional de la Vivienda".
Al margen de este Plan catalán por el derecho a la vivienda, la Conselleria de Medio Ambiente presentará, en el plazo de cinco meses, un proyecto de Ley de la Vivienda que contemplará, entre otras medidas, sistemas de control de las ventas iniciales de vivienda protegida y de segundas transmisiones, para evitar que estos pisos acaben vendiéndose a precio de mercado.
Así, se eliminará la posibilidad de descalificar los pisos de protección y se estipulará que, al venderlos por segunda vez, se adjudiquen a personas inscritas en los nuevos registros locales únicos de demandantes.
La Ley de la Vivienda incluirá también medidas contra la sobreocupación de los pisos y la instauración de la 'ITV de la vivienda' una revisión periódica de las condiciones de habitabilidad. Todas estas medidas, así como las incluidas en el Plan presentado ayer, estarán gestionadas por la Agencia Catalana de la Vivienda, que se creará en 2005 a partir de la actual ADIGSA.