Entre las propuestas figura destinar al menos el 1% del PIB a la promoción de vivienda protegida
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona hizo pública el pasado viernes una medida de gobierno en la que propone un conjunto de modificaciones fiscales y legislativas para impulsar la vivienda de alquiler que, según el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, busca "corregir" la "política desenfocada y errónea" del Gobierno y la Generalitat en esta materia.
Entre las propuestas, figura destinar al menos el 1% del PIB a la promoción de vivienda protegida, frente al 0,4% que dedica el Gobierno, así como establecer una deducción del 20% sobre la cuota anual del IRPF por alquiler de vivienda, con un límite de 9.015 euros. En esta línea, el Ayuntamiento apuesta por introducir una deducción fija de 600 euros en el tramo autonómico del IRPF por gastos de alquiler para las familias con ingresos inferiores a los 21.035 euros anuales.
Para estimular la rehabilitación de pisos de alquiler, instan a que los costes de dichas obras se considere, a efectos del IRPF, como gastos deducibles del ingreso por alquiler y también a que las obras de mejora tengan un IVA reducido. Asimismo, solicitan la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos para reducir el procedimiento de recuperación de un piso por su propietario en caso de incumplimientos de los inquilinos.
Finalmente, el Consistorio pide a la Generalitat y al Gobierno central la cesión de suelos propios para crear el Patrimonio Municipal del Suelo y construir pisos protegidos de alquiler. En cuanto a políticas propias del Ayuntamiento, el equipo de gobierno anunció el inicio de los trámites para impulsar 2.386 pisos protegidos este mandato, de los cuales el 74% serían de alquiler, y 1.300 se destinarán a jóvenes, así como su intención de incluir en las Ordenanzas Fiscales de 2004 un recargo del 50% en el IBI que pagan propietarios de pisos vacíos.
Casas acusó a las administraciones autonómica y central de ser las"responsables del incremento de los precios" de la vivienda, "a causa de sus políticas fiscales" que priman la compra sobre el alquiler mediante el otorgamiento de subvenciones. El concejal denunció que la subida de precios "es un problema de toda España que no se puede gestionar sólo desde los ayuntamientos" y criticó que los municipios "nos tengamos que endeudar para construir vivienda pública".
El concejal de CiU Eduard Garcia criticó que "en el anterior mandato prometieron 5.000 pisos para jóvenes y el Plan de Acción Municipal (PAM) sólo reflejó 2.000, para acabar sorteando 1.055 sobre plano, porque no se acabó ninguno". De los 2.386 que el equipo de gobierno se comprometió a impulsar con la nueva medida de gobierno, Garcia denunció que "sólo 572 son pisos nuevos de protección, de los que como mínimo sólo 131 serán de alquiler". Igualmente, acusó al gobierno local de "pedir a las otras administraciones que les cedan suelo porque ya no queda" dado que "han vendido el equivalente a 15 manzanas del Eixample de suelo público en 10 años".
El concejal de CiU reclamó también que la totalidad del suelo municipal en la zona de la Sagrera afectada por la construcción de la estación del AVE, que pensaba cederse a Renfe para compensar su inversión, "se dedique a pisos de alquiler". Según los cálculos de Garcia, equivaldría a 1.300 viviendas.
Por su parte, el presidente del grupo popular, Alberto Fernández Díaz, acusó al Ayuntamiento de "vender como propias y novedosas promociones de terceros e incumplimientos de años anteriores", dado que "en el anterior mandato se acabaron cero pisos para jóvenes y sólo 60 para personas mayores". El edil exigió la presentación de un plan de la vivienda para Barcelona que "concrete la promesa electoral" del alcalde, Joan Clos, "de construir 100.000 pisos en cuatro años", tanto libres como protegidos.
Casas respondió a estas acusaciones afirmando que el anterior mandato "se entregaron 2.000 viviendas protegidas", el 60 por ciento de las cuales las ocupan familias de menos de 35 años. Clos cerró el debate afirmando que "ciudades gobernadas por el PP que han puesto mucho suelo a disposición del mercado", como Madrid, "no han conseguido bajar los precios, al contrario". Asimismo, añadió que "ninguno de sus ayuntamientos", en referencia a los gobernados por los populares, "ha encontrado la varita mágica para solucionar el problema" del acceso a la vivienda, por lo que concluyó que "la solución no es de los municipios".